El Tribunal General de la UE confirmó ayer la multa histórica que Bruselas impuso a Google en 2018 por obligar a instalar su motor de búsqueda y su navegador en los dispositivos Android, aunque redujo la la sanción en unos 200 millones.
Según la sentencia, que aún se puede recurrir, Google deberá pagar 4.125 millones de euros, en vez de los 4.343 millones propuestos por la Comisión, por haber impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de Android que le permitieron afianzar su posición dominante.
Los jueces aceptaron que la obligación que Google impuso a los fabricantes para que instalasen Google Search y Google Chrome en los teléfonos móviles y las tabletas constituía una práctica “abusiva”, tal como dijo el Ejecutivo comunitario.
La Comisión consideró que ese requisito “podía suscitar un ‘sesgo de statu quo”, por la “propensión” de los usuarios a utilizar las aplicaciones ya instaladas en los dispositivos, en vez de descargase un buscador y un navegador alternativos y “ninguna de las críticas formuladas por Google desvirtúa” ese análisis.
El Tribunal también aceptó los argumentos de la Comisión contra la prohibición que Google impuso a los fabricantes para que no vendiesen dispositivos con una versión no avalada de Android, el sistema operativo de código abierto que el gigante tecnológico desarrolla de forma gratuita.
Según el TGUE, “la práctica en cuestión había llevado a que se reforzara la posición dominante de Google en el mercado de los servicios de búsqueda general, al tiempo que constituía un freno a la innovación, por cuanto había limitado la diversidad de ofertas accesibles para los usuarios”.
Sin embargo, los jueces desestimaron las tesis de Bruselas contra los acuerdos que la empresa firmó con los fabricantes y los operadores de redes móviles para condicionar una parte de sus ingresos publicitaros a que no instalasen buscadores distintos a los de Google.
Según los jueces, Bruselas no corroboró que tales acuerdos restringieron el principio de la libre competencia basada en los méritos de las empresas.
“Google ya no puede imponer su voluntad a los fabricantes de teléfonos. Ahora pueden abrir sus dispositivos a la competencia de los servicios de búsqueda y otros servicios, lo que permite a los consumidores beneficiarse de más opciones”, dijo Thomas Vinje, spokesman FairSearch, la organización denunció a Google ante la Comisión Europea. La directora general de la Asociación de Consumidores, Monique Goyens, afirmó que la sentencia es “crucial porque confirma que los consumidores deben disfrutar de elecciones reales entre motores de búsqueda y navegadores en su teléfonos y tabletas”.
