Ascensores

10.000 ascensores en Vigo están en riesgo de quedar inoperativos

Un repartidor espera por un ascensor privado en un edificio en Vigo.
photo_camera Un repartidor espera por un ascensor privado en un edificio en Vigo.
En julio entrará la nueva normativa que responsabiliza a los presidentes de las comunidades de vecinos de mantener los permisos en regla de los elevadores

Vigo podría quedarse sin diez mil ascensores a partir de julio. La entrada de la nueva normativa ITC (Instrucción Técnica Complementaria) entrará en vigor ese mes y regulará las inspecciones obligatorias, fijando la responsabilidad del mantenimiento del ascensor y su puesta a punto en los presidentes de la comunidad de vecinos y no en la empresa mantenedora o en el propio Ministerio de Industria. Esto obligará a los actuales responsables a mantener en regla todos los avances fijados para los elevadores en materia de seguridad y tecnología, previo castigo de ser cesado ese servicio hasta que no se cuenten con todas las garantías. 

Las inspecciones obligatorias se realizan, dependiendo de si está dirigido el inmueble a un uso industrial o supera las 20 viviendas, en 2, 4 o 6 años. Desde la Asociación Galega de Ascensores (AEGA) alertan de que aproximadamente son diez mil los ascensores que no cuentan con los permisos en regla en Vigo y que no pasarían la ‘ITV’ en caso de que tengan que pasarla este mes de julio. “Si no se pasa revisiones en plazo por despiste del presidente, pese a los avisos de la empresa mantenedora, el ascensor tiene que ser clausurado”, aseguró su presidenta, Ángeles Ríos. 

Además de las ya medidas de seguridad implantadas, esta nueva normativa obliga a tener un mecanismo de comunicación bidireccional con la empresa mantenedora para atender lo antes posible a un usuario encerrado, lo que obligará a un desembolso por parte de la comunidad de vecinos o, en caso extremo, el cambio total del ascensor si es muy antiguo.

 

“Los presidentes tienen que ponerse las pilas cuanto antes”

Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, su presidenta Teresa Suárez aseguró que aproximadamente el 40% de las comunidades de vecinos viguesas se encuentran en sus manos y que, salvo un porcentaje muy pequeño, todas se encuentran dentro de la actual normativa o ya en marcha las pequeñas reformas para su adaptación. “La última ley es del 2013, y ahora quieren ponerlo al día en términos de tecnología, de modernidad y, muy importante, de comunicación bidireccional”, señaló Suárez. 

La presidenta, no obstante, alertó de que la dificultad residirá en las comunidades “autogestionadas”, con un presidente al cargo que, ya sea por despiste o por dejación de sus responsabilidades “puede afectar a que le acaben cerrando el ascensor y eso dañe gravemente a personas mayores o con movilidad reducida que lo necesiten para salir a la calle”. Por tanto, hace un llamamiento para que “se pongan las pilas cuanto antes” y que contacten con el organismo de control autorizado o con la empresa mantenedora del elevador para subsanar los pequeños o grandes problemas que tenga el ascensor y estar en regla antes de su inspección técnica. Algunos, incluso, tendrán que modificar toda su estructura: “Algunos llevan más de 30 años funcionando y será difícil adaptarlos a las nuevas normas de funcionamiento”.

 

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