España soporta unos 5.600 organismos públicos dependientes: la cifra se mantiene estable en el último lustro, tras un recorte centrado en el nivel local. En Cataluña se dispararon en los años del “procés” y en el Estado repuntaron desde 2018
Las nuevas advertencias de Europa sobre el déficit público que soporta España reproducen las de la anterior crisis: entre las medidas que exigió Bruselas al Gobierno de Rajoy para no aumentar el gasto público estructural se encontraba la racionalización de la administración pública. Ahí se activó la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), de un impacto que se fue difuminando con el paso del tiempo. El último informe publicado data de 2016 y al margen de cifrar en 2.300 los entes dependientes de Estado, Comunidades Autónomas (CCAA), diputaciones y ayuntamientos que fueron suprimidos no entra a determinar el impacto real de esta acción en las cuentas. En el debe también sorprende la opacidad de Hacienda, que no da información específica de los directores, composición del consejo de administración ni sueldos que salen cada mes del erario público.
Los datos del Inventario de Entes del Sector Público (Invente) y diferentes informes ministeriales que se fueron publicando a lo largo de la última década permiten señalar que estos recortes en la "administración paralela" -fundaciones, sociedades, patronatos...- se frenaron tras la salida de la Gran Recesión. Desde 2015, pasado el CORA y las estrecheces económicas, el número de "chiringuitos" se encuentra en el umbral de los 5.600-5.700. A estos entes dependientes habría que sumar otras 13.000 estructuras de la administración general también recogidas en ese listado -diputaciones, ayuntamientos, entidades menores...-.
Las autonomías han tenido comportamientos muy dispares respecto a estos "chiringuitos". El caso catalán es paradigmático: en 2007 tenía 260 organismos dependientes de esa administración paralela y en 2019 ya eran 362. Un crecimiento inversamente proporcional al de sus servicios públicos -entre 2009 y 2015 fue la CCAA que más recortó en sanidad, un 26% según la Asociación de Directores y Gerentes de S.Sociales-. La segunda autonomía con más entes de este tipo es Andalucía. Su ejemplo ilustra también ciertos abusos: en 2018 se registraban unas 280 entidades dependientes, con 24.600 empleados. Tras el cambio electoral, el PP detectó una treintena de sistemas de gestión distintos y denunció incluso que había personas que cobraban de tres entidades diferentes. Anunció la supresión del 40% de estas estructuras pero dos años y medio después, atendiendo a los últimos informes no ha cambiado demasiado en el plano efectivo: se suprimieron medio centenar, pero 33 de las 48 eran unidades territoriales de empleo que ya estaban en liquidación desde 2010. A mucha distancia de Cataluña y Andalucía quedan ya Euskadi (154) y Madrid (149), que precisamente esta semana anunció la creación de la Oficina del Español para Toni Cantó.
En Galicia, la administración paralela en Galicia llegó a estar configurada por 157 organismos públicos (104 creados en la etapa de Fraga). Tras su llegada a San Caetano, Alberto Núñez Feijóo acabó cerrando medio centenar. El Tribunal de Contas señaló que los efectos reales de ese esfuerzo racionalizador solo alcanza el 1 por ciento del gasto, exponiendo cifras discutidas por la propia Xunta.
