Los desahucios, a la baja en Vigo con la nueva normativa

Funcionarios del juzgado en un desahucio en Vigo tras la pandemia.
photo_camera Funcionarios del juzgado en un desahucio en Vigo tras la pandemia.

La suspensión de lanzamientos hipotecarios hasta 2028 para deudores vulnerables reducirá  las ejecuciones contra propietarios, que apenas superan el centenar al año

Tras haberse registrado un récord a la baja en la cifra de desahucios en Vigo en 2023, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, y mantener una disminución de demandas en el primer trimestre del año, los lanzamientos seguirán cayendo. Así lo creen desde los juzgados  vigueses tras la aprobación esta semana por el Consejo de Ministros de la prórroga de suspensión de desalojos hipotecarios con deudores en situación de vulnerabilidad hasta 2028.

La nueva directriz ya ha llegado a los despachos de procuradores y abogados de la ciudad, donde el año pasado hubo un descenso de lanzamientos del 33%. 

La medida, cuyo origen se remonta a las medidas de la crisis de 2008, y que se reactivó tras el covid, supondrá un nuevo freno a las ejecuciones de desalojo por impago de hipotecas, que a día de hoy suponen  poco más de un 30% de las que se interponen en los juzgados de Primera Instancia, ya que el resto, la gran mayoría se refieren a inquilinos morosos. En cifras, la suspensión podría beneficiar a cerca de un centenar de peticiones anuales para echar a propietarios de inmuebles.

La cifra de estos casos es más alta, si bien no todos los lanzamientos podrán acogerse a la suspensión, sino que serán aquellos que se refieren a primera vivienda y en los que se cumplan los parámetros de vulnerabilidad, entre los que se incluyen familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, así como  familias con menores y con alguno de sus miembros en situación de dependencia, enfermedad o una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, a víctimas de violencia de género y a casos en los que el deudor hipotecario se encuentre en desempleo o sea mayor de 60 años.

Durante cuatro años más, las demandas de entidades crediticias quedarán así paralizadas para ayudar a la economía familiar lo que a su vez evitará  o al menos retrasará la reactivación de demandas de desahucio provocadas por la subida del euríbor el pasado año. Desde la Oficina de Notificaciones y Embargos de los juzgados explicaban que los procedimientos referentes a lanzamientos hipotecarios suelen ser más complejos y se dilatan más en el tiempo que los que se refieren a impago de alquileres, por lo que se preveía un aumento de ejecuciones, referentes a 2023, en este año o en el próximo. Sin embargo, la nueva prórroga  podría impedir este incremento hasta dentro de otros cuatro años.

Cuatro inmuebles a subasta por ejecuciones hipotecarias

Las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de proteger el derecho a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad también se extienden a las subastas de bienes inmuebles.  Así, la norma establece que cuando dicha vivienda sea la habitual de un ocupante en la mencionada situación y el propietario sea un gran tenedor una empresa de vivienda, no se podría iniciar la vía de apremio si no se ha sometido antes a un procedimiento de conciliación o intermediación. Actualmente, los juzgados tienen abiertas cuatro subastas de inmuebles en Vigo por ejecución hipotecaria, tres de ellas de vivienda habitual. 

Según el portal del Boletín Oficial del Estado, se trata de un piso con garaje en la calle Castrelos, por valor de 135.990 euros, una vivienda de 174.700 en la calle Bueu, en Coia, y una vivienda unifamiliar, también vivienda habitual, situada en Beade y cuyo valor asciende a 381.600 euros. Además, también hay una nave industrial, con un procedimiento de apremio por ejecución hipotecaria, situada en Cotogrande y valorada en casi 270.000 euros.

En lo que va de año, fueron canceladas otras cuatro subastas de viviendas que habían salido a puja pública en Vigo, al menos en uno con ocupantes sin derecho a permanencia y en otra por el ingreso de la deuda, mientras que en los últimos dos años, el número rondaría la veintena.

Menos demandas ingresadas en el inicio del año

Durante el primer trimestre del año, fueron menos de un centenar las demandas de lanzamiento ingresadas, en concreto 91, mientras que los desalojos ejecutados por la Oficina de Notificaciones y Embargos alcanzaron los 78. Las cifras se alejan de las registradas en el mismo periodo de 2022 (el 2023 no puede compararse, ya que los juzgados sufrieron un parón por la huelga de funcionarios). En aquel momento, las demandas ingresadas por la oficina judicial fueron 133, mientras que 102 fueron los lanzamientos efectuados, lo que supone una caída de más del 30%. 

El año pasado, fueron 287 los desahucios que llevaron a efecto en el partido judicial, mientras que las peticiones de lanzamientos que llegaron a los juzgados ascendieron hasta las  270. El número el año anterior se situaba en más de un desalojo al día, con 391 y por encima de las 400 las demandas, de las que unas 120 corresponderían a impagos de hipotecas, entre los que se incluyen las deudas a créditos bancarios por el pago de locales comerciales o naves industriales. 

De hecho, con la crisis del covid, los desahucios en establecimientos fueron una de las notas destacadas. Negocios que no pudieron superar la falta de actividad por los cierres temporales y acabaron también en demanda ante el juzgado y posterior lanzamiento.

En Vigo, siguen siendo mayoría los casos de deudas de alquiler y dentro de los impagos de hipoteca habría una parte de segundas viviendas, que no entrarían dentro del escudo social  que ha sido prorrogado por el Consejo de Ministros y que ponen su foco a propietarios con residencia en el piso sobre el que existen las cargas impagadas.

La paralización por tema de vulnerabilidad ya provoca cerca de una decena de suspensiones por impago de alquiler cada mes.

Te puede interesar