Circuitos cerrados de vigilancia, conexión del sistema de seguridad a una central de alarma, caja fuerte acorazada con sistema de apertura retardada o puertas y cristales blindados son algunas de las medidas obligatorias en joyerías cuya implantación se fue prorrogando hasta este mes de enero.
La mayoría de establecimientos de Vigo ya se han adaptado a la normativa y se someten a controles periódicos por parte de la Policía Nacional. Las joyerías han estado tradicionalmente en el ojo de la diana de los delincuentes, como los bancos, de ahí la necesidad de blindarse contra robos y atracos.
“Supone una inversión importante, pero te da mayor tranquilidad”, explica Montserrat, de la joyería Sujapon. Su local hace veinte años que tiene cristales blindados, pero aun así ha tenido que hacer un desembolso importante para completar las medidas requeridas. Con todo, estos empresarios reconocen no estar exentos por completo del riesgo a sufrir un robo. Manuel Pato, de la joyería Suiza, coincide en que “aquellas medidas que supongan una mayor seguridad y sirvan como método de disuasión son beneficiosas para nosotros”. De ahí, que su establecimiento cuente desde hace tiempo con todos los requisitos exigidos y corrobora que blindar su negocio ha supuesto un coste importante, pero necesario, pese a que todavía hay riesgos, entre ellos los atracos, “el pulsador de emergencia no siempre te garantiza que la Policía pueda llegar de inmediato”.
La implantación de estas medidas puede llegar a superar en algunos casos los 6.000 euros.
La Federación Galega de Xoiaría calcula en cerca de 170 las joyerías en la provincia de Pontevedra, de las que alrededor de 80 están en la ciudad de Vigo. La entidad sostiene que el sector se vio reducido de forma muy importante por el impacto acumulado de la pandemia y las sucesivas crisis, contando además con una edad media elevada de los propietarios. Los robos con fuerza en establecimientos comerciales se incrementaron un 8,6 hasta el último trimestre de 2023, según los datos del Ministerio de Interior, si bien el sector hostelero, alimenticio o industrial se sitúan entre los más afectados frente a las joyerías, convertidas en objetivos cada vez más complicados. Durante el año pasado sí se registró uno en la ciudad, en el que una banda especialista en butrones aprovechó el local anexo vacío para perforar la pared. Los cinco autores fueron detenidos.
Voluntad de colaborar por parte de la Subdelegación
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, junto al comisario jefe provincial, Juan José Díaz, abordó ayer con la Federación Galega de Xoiaría la progresiva implantación en la provincia de esta normativa estatal sobre medidas de protección física y electrónica en estos establecimientos. En dicha reunión estuvieron presentes, Pablo García Pereira, vicepresidente de la asociación, y Carlos García Pumpido, secretario.
Durante el encuentro, se abordó la inseguridad jurídica creada por las distintas órdenes ministeriales, en las que se fueron aplazando los plazos de entrada en vigor de la normativa. El sector mostró su preocupación por el impacto de la crisis económica y la pandemia. Al mismo tiempo, se indicó la falta de desarrollo reglamentario de todo este cuerpo normativo, por el que no existe todavía un catálogo concreto de medidas en función de las circunstancias de cada establecimiento, sino una regulación general De ahí, que esté solicitado un informe aclaratorio a la Abogacía del Estado que debería estar emitido sobre el verano.
Losada anticipó la voluntad de colaborar con las joyerías para facilitar la implementación de estas medidas de seguridad previstas, pero también recalcó el carácter obligado de las inspecciones, y se acordaron fórmulas para realizar esa adaptación en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría ya cumplen o están en proceso.
