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España suma aliados contra más vetos al arrastre en Reino Unido

Barcos arrastreros amarrados en el muelle pesquero de Beiramar.
photo_camera Barcos arrastreros amarrados en el muelle pesquero de Beiramar.
Ocho estados europeos buscarán revertir el cierre de otras 13 zonas que afectaría seis veces más a la flota comunitaria, muy superior a la británica en estos caladeros

España suma aliados entre los estados miembros de la Unión Europea para hacer frente a los nuevos vetos a la pesca de arrastre que impulsa Reino Unido y que afectarán a la flota comunitaria que faena en sus aguas, muy superior a la británica en el uso de artes de fondo.

Unas restricciones que se suman al cierre de 87 zonas en los caladeros de la Unión Europea en el Atlántico al arrastre y toda la pesca de fondo desde hace año y medio. Según el Comité Científico y Económico de la Pesca comunitario (Stecf, en sus siglas en inglés), las pérdidas para los buques gallegos por estas vedas ascendería hasta los 16,6 millones de euros.

Además de España, otros siete estados (Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Suecia) buscarán que la Comisión Europea trate de revertir la decisión de Londres de prohibir el arrastre en 13 áreas marinas protegidas británicas. Se trata de una prohibición de la Organización de Gestión Marina Británica que entró en vigor hace poco más de un mes. Para ello, los ministros de Pesca de los Estados de la costa atlántica europea llevaron a cabo ya varios encuentros en Bruselas para coordinar su respuesta. Todo ello con vistas a la celebración el próximo día 23 de un comité especial sobre pesca entre la Comisión Europea.

Esta ofensiva se consolida tras haber observado el impacto de estos nuevos cierres a la flota europea en la zona, que consideran “desproporcionados”. Así, según avanzó el ministro delegado de Asuntos Europeos de Francia, Jean-Noël Barrot, los ocho estados proporcionarán a la Comisión Europea datos e información con la que tratarán de demostrar que estos cierres no cumplirían los criterios de proporcionalidad y no discriminación previstos en el acuerdo comercial firmado tras el Brexit. El impacto a los pescadores comunitarios ascendería a 5 millones de euros al año, seis veces más que para los pescadores británicos. Los ocho estados buscarán que se inicie un diálogo entre ambas partes para revisar esta medida y asegurar que se cumplen los acuerdos establecidos.

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