A la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) todavía le quedan dos trámites para conseguir la aprobación definitiva, pero tras el primer visto bueno del Congreso –deberá pasar por el Senado y después volver a votarse en la Cámara Baja–, es de esperar que su contenido cambie poco o nada. Es por eso que el rector de la UVigo, Manuel Reigosa ya se ‘atreve’ a valorar el texto que regulará la educación superior en España de ahora en adelante.
El máximo mandatario de la institución viguesa apunta que “como cualquier ley, tiene cosas que a nivel personal me gustan más y otras que me gustan menos”, pero destaca como aspecto positivo que “bastantes aspectos tienen que desarrollarse porque deja espacio abierto a que haya regulación de las comunidades autónomas”, lo cual es lógico, pues las competencias educativas están transferidas a las autonomías.
Eso sí, Reigosa destaca por encima de todo el compromiso que marca la LOSU de incrementar hasta el 1% del PIB el gasto público en la financiación de las universidades: “Si se consigue, va a estar muy bien, aunque aún está lejos del objetivo fijado por la Declaración de Lisboa”. Para lograrlo, el rector de la UVigo confía en el compromiso de la Xunta –que actualmente dedica el 0,7% del PIB a las universidades públicas–, sobre todo después de aprobar uno de los planes de financiación más ambiciosos del Estado. “Tiene que haber un acompañamiento presupuestario para llegar a ese 1% y tal y como está establecido en la ley, hay procedimientos para negociar con los Gobiernos autonómicos”, explica Reigosa, que añade que “creo que la Xunta reconocerá el papel central que tienen las universidades para el desarrollo del país”.
El rector también destaca una de las apuestas más fuertes del nuevo texto que se alinea directamente con una de las mayores urgencias de la institución viguesa: la apuesta por la internacionalización. “Creo que se va a trabajar mucho para crear un espacio iberoamericano de educación superior que será muy positivo para universidades como la nuestra para permitirnos hacer intercambios interesantes de profesorado, alumnado y PAS”, expresa Manuel Reigosa, que añade que la LOSU también mira hacia Europa creando herramientas de “captación de profesorado del espacio europeo de educación superior que ahora mismo sería imposible fichar porque tendrían que pasar un proceso de acreditación largo, tedioso y poco atractivo”. Los mecanismos que menciona la nueva ley permitirían equiparar figuras de universidades europeas a las de las españolas para que puedan optar a plazas de catedráticos o profesores titulares.
En cuanto a la limitación de mandatos de los cargos unipersonales, Reigosa mantiene que “son cambios cosméticos y no supondrán cambios significativos en la gobernanza de la universidad”, aunque reconoce que le habría gustado que, como ya hacía la LOU, el texto hubiese dejado estas cuestiones abiertas a que las regule cada universidad en sus Estatutos.
Sindicatos piden que se regule la mesa sectorial en la LOSU
Sindicatos de la UVigo como la CIG, al igual que el rector, valoran positivamente la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, aunque no sin criticar algunas de las carencias que, para ellos, el texto propuesto por el ministro Castells y modificado ampliamente por su sucesor Subirats no aborda.
Una de ellas, según portavoces de la propia CIG, es “que no está definida una regulación de la mesa sectorial de universidades”, en la que ven un foro necesario para negociar las condiciones de trabajo de docentes e investigadores. También echan en falta una regulación de la carrera profesional que “incentive la evolución y mejora profesional a lo largo de la vida laboral”. En relación a esto, destacan que “el profesorado de universidad es de los pocos ámbitos en el que este asunto no está regulado de forma seria” provocando diversos perjuicios para los docentes.
La reforma laboral ya había supuesto una especie de revolución en la UVigo, obligando a establecer a una importante cantida de personal como indefinido. Ahora, la LOSU apareció para regular la figura de los ‘falsos asociados’ que dan clase en la universidad sin tener otro trabajo. El rector sostiene que como la cifra de asociados está en el 15% en la UVigo, no habrá problemas para estabilizar a parte del profesorado para cumplir con la cuota que marca la ley en el 8%. La CIG destaca en este aspecto que la mayor parte de “falsos asociados” en Vigo ya han pasado por el proceso de estabilización puesto en macha por la universidad, pero apunta a que estas reformas se han quedado “cortas” porque “vemos necesario dotar al sistema universitario de investigación de figuras permanentes para apoyar la realización de los proyectos”, algo que la nueva ley no contempla.
Este sindicato también critica la posibilidad que abre la ley de contratar docentes por la vía laboral al modo de los investigadores distinguidos, pues “las personas contratadas bajo esta modalidad contractual tienen condiciones laborales diferentes y no vemos lo que pueden aportar más allá de lo que aportaría un profesor visitante”. Desde la CIG creen que es “otra vía de tener personal investigador con condiciones diferentes a las de los profesores titulares y contratados doctores y eso se debería evitar”.
“Muchas universidades van a tener problemas”
Una de las medidas más sonadas de la LOSU es la que pretende estabilizar la situación de unos 25.000 profesores asociados. “No es muy lógico”, apunta Reigosa, porque la figura de asociado “ya está regulada y son personas que tienen un trabajo principal fuera de la universidad y vienen aquí a dar a conocer sus capacidades”. Sin embargo, reconoce que “en otras universidades del Estado, siendo la plaza de asociado una muy barata en términos del coste de las clases que imparten, se abusa de esta figura e incluso llegan a ser el 50% del profesorado”.
Así, la nueva ley marca en un 8% el máximo de docentes que tengan un contrato temporal o de asociado. “Entendemos que aquellos asociados que tengan una tarea fundamental de docencia, investigación y transferencia pasen a formar parte de las plantilla estable”, explica Reigosa, que clarifica que “en la UVigo el porcentaje de asociados es del 15% y podremos llegar al 8% que marca la ley en el plazo establecido”, por lo que advierte que “muchas universidades van a tener problemas” a causa de esta medida debido al abuso que han hecho de la figura de profesor asociado.
