El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantó cara a las acusaciones de “machismo” de las responsables del Ministerio de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas que se dieron a conocer en las últimas horas en aplicación de la ley del solo sí es sí. Tribunales de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña han dictado ya resoluciones judiciales que benefician a agresores sexuales por la modificación del Código Penal en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entró en vigor el 7 de octubre e incluso se produjeron las primeras excarcelaciones.
Un goteo que previsiblemente afectará a centenares de condenas y del que las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero, su número dos, Ángela Rodríguez, y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, responsabilizan a los jueces, que se ven forzados a aplicar la legislación impulsadas por las ministras de Podemos. A su juicio, el problema no está en la ley, está en los jueces que no la aplican “por machismo”, en palabras de Montero, y por falta de formación en igualdad. “Fachas con toga”, los llamó el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en la línea en la que se pronunciaron la mayoría de los dirigentes morados, si bien la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, guarda de momento silencio.
La respuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial fue contundente: Los jueces están aplicando de forma “estricta” una ley de cuya repercusión en la rebaja de penas ya había avisado el propio CGPJ en su preceptivo informe anterior a su aprobación. Además, mostró su “más firme repulsa” a los “intolerables ataques” contra los jueces.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se adhirió a este comunicado y subrayó la “sólida formación” de los miembros de la judicatura en igualdad. Desde 2019 han recibido formación en perspectiva de género un total de 1.467 jueces. La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, de corte progresista y de la que fue portavoz Victoria Rosell, también subrayó que las revisiones de sentencias hay que hacerlas, dado que lo estipula la ley, y tachó de “desafortunadas” e “inapropiadas” las críticas desde Igualdad.
Fuentes del grupo parlamentario del PSOE han asegurado que advirtieron a Podemos de este riesgo, en tanto que la parte socialista del Gobierno dio un paso atrás después de que la ministra María Jesús Montero subrayara el martes la necesidad de estudiar qué está fallando en la ley y opta ahora por esperar a que los tribunales vayan fijando doctrina sobre su aplicación.
“Vamos a ver lo que dicen los tribunales y a que unifiquen doctrina y después tendremos que ver qué pasos dar”, afirmó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, obviando las críticas a la judicatura de las responsables de Igualdad. Las voces más elevadas desde las filas socialistas fueron la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en defensa cerrada de los jueces ante los ataques, y la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urgiendo a reformar la ley.
También el PP pretende la “inmediata revisión” de la ley por la “vía de urgencia” y, como Vox, incidió en el “fracaso” de Igualdad en una de sus leyes estrella.
La realidad es que una hipotética contrarreforma legal no afectaría a los casos ya revisados y solo afectaría a los delitos conocidos una vez que hubiera entrado en vigor. De momento, la Fiscalía está estudiando caso por caso las revisiones de las condenas y ha apoyado algunas de ellas. Si lo estima necesario, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, elaborará una circular para unificar criterios. También está fijada una reunión de las 15 secciones penales de la Audiencia de Madrid para el 25 de noviembre con el objetivo de unificar su respuesta ante la revisión de penas.
