La vivienda franquista

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España. Tanto es así que, en el último barómetro del CIS, la vivienda escala hasta el tercer puesto en la lista de problemas más importantes para los españoles, después de haber subido diez puestos en un año. Huelga decir que, viniendo del CIS, los datos habrán sufrido una buena dosis de edulcorante por parte del clan Tezanos, para que la cosa parezca menos grave de lo que en realidad es.

Los políticos, ya saben ustedes, tienen un problema para cada solución y a río revuelto, siempre ganan los mismos. Después de haber llevado el problema de la vivienda hasta límites insospechados e inéditos en nuestra democracia, el ejecutivo actual pretende mostrarse como salvador de la ciudadanía. Sus políticas han conseguido que la vivienda sea más cara que nunca en nuestra historia, pero ahora nos dicen que lo van a solucionar con una idea brillante, la creación de una empresa pública de vivienda. La propuesta del PSOE es reinventar la solución que impulsaran Franco y otros despreciables totalitarios de la época. Ya nada nos sorprende.

El problema de la vivienda jamás lo solucionará el intervencionismo del estado. Lo solucionará el mercado cuando el estado decida ejercer su función principal: defender la propiedad privada y poner los medios necesarios para que se cumplan los contratos

Tenemos un enorme problema de stock de vivienda, es decir, de oferta de pisos en alquiler. Es un hecho indiscutible, no hace falta más que acudir a los datos. El stock de pisos en alquiler es menos de la mitad del que había hace tres años. ¿Acaso los pisos se han esfumado? ¿Los hemos derruido? En absoluto. No es que no haya pisos, es que los dueños no los quieren alquilar. La pregunta, entonces, es obvia: ¿por qué? Y respuestas hay muchas, pero la desprotección del arrendador es, sin duda, una de ellas. Con una legislación que protege más al que ocupa que al dueño de un inmueble, no es de extrañar que muchos propietarios hayan retirado sus pisos del mercado.

Esto se une a que el stock de pisos en venta también es un 20% menor que hace tres años. Hay menos pisos en venta y los salarios reales han subido mucho menos que los precios de los inmuebles. La capacidad de ahorro se merma y la gente no puede comprar, por lo que tiene que alquilar. Por tanto, tenemos la tormenta perfecta: un aumento de la demanda de pisos en alquiler que confluye con una restricción en la oferta de pisos. Conclusión, los precios de los alquileres se disparan.

Y aquí es donde empieza el populismo. Es mucho más efectista construir un relato basado en el capitalismo salvaje, la avaricia de los propietarios, los fondos buitre y los pisos vacacionales que asumir la realidad. La realidad es que la inseguridad jurídica que afrontan los propietarios es la que está restringiendo la oferta de pisos en alquiler. Y esta inseguridad jurídica está originada únicamente por el estado y su perenne violación de la propiedad privada.

El intervencionismo estatal es profundamente inmoral, fundamentalmente porque afecta más a las personas más vulnerables, precisamente ésas a las que dice defender. Pero no es más que una excusa para acrecentar el poder e ir infectando poco a poco esferas antaño inviolables de libertad personal que hemos ido cediendo de manera voluntaria. El hecho de que nadie nos haya obligado a esta sumisión es, probablemente, la mayor de las tragedias.

La coacción del estado (en la que se basa cualquier intervención) se fundamenta en un ataque a la propiedad privada. Y es que la propiedad privada no existe si es el estado el que decide qué puede uno hacer o no hacer con su propiedad. Quedan muy bonitos los discursos en favor de los más vulnerables, pero son nauseabundamente fingidos. Las personas vulnerables y los jóvenes que acceden a su primera vivienda lo que necesitan es que los precios sean bajos. Esto únicamente se conseguirá haciendo subir la oferta de pisos, cosa que jamás sucederá si los propietarios no tienen las garantías suficientes para sacarlos al mercado.

También puede suceder que el estado decida expropiar pisos vacíos u obligar a sus propietarios a ponerlos en alquiler por Real Decreto. Es decir, una nueva violación de la libertad y la propiedad privada que disfrazarán, precisamente, de política en favor de la libertad. O también puede ocurrir que sea el propio estado el que se dedique a construir y vender vivienda (es lo que pretenden), lo cual abona el terreno para la más abominable corrupción que podamos imaginar. Seremos testigos de cómo miles de viviendas, pagadas con el dinero de todos, se adjudican en circunstancias opacas a amigos, militantes y servidores de favores a devolver.

El problema de la vivienda jamás lo solucionará el intervencionismo del estado. Lo solucionará el mercado cuando el estado decida ejercer su función principal: defender la propiedad privada y poner los medios necesarios para que se cumplan los contratos. Hasta entonces, todo es relato absurdo e inútil, simplemente política. La empresa de vivienda no funcionará, nunca funcionan. Lo hemos visto tantas veces…