La manipulación política de la denuncia contra Suárez

La rapidez con que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se ha sumado a la condena al ex presidente Adolfo Suárez, tras la denuncia que ahora presenta contra él, por presuntas agresiones sexuales en la década de los ochenta, una mujer que dice haberlas sufrido a los 17 años, no ha tenido idéntica respuesta ante otras conductas conocidas de carácter parecido y otras variadas, como la contrata de prostitutas y actos ilegales diversos que salpican a destacadísimos compañeros de su partido, desde el viejo tío Berni al presente. No sabemos, salvo el testimonio de la interesada, si la conducta de Suárez fue la descrita, ni qué pruebas ni qué testimonios de refrendo existen. El acusado, y ya condenado por las de Podemos, falleció hace años, y por lo tanto no tiene la posibilidad de defenderse, por lo que, en todo caso, también le cabe la presunción de inocencia. Pero el diario “Público” considera ciertos los hechos y hasta ha llegado a preguntar a su familia y a viejos colaboradores si saben del asunto.

Es evidente que hoy existe en España un clima general de rechazo y condena de conductas como la que se atribuye a Suárez, extremada contra aquellos que para consumarla usan y se aprovechan de sus posiciones de superioridad sobre sus víctimas. Narbona cree empero que pese a los once años que lleva fallecido Suárez se puede proceder contra su memoria y quienes pudieran haber colaborado con él. Pero quizá olvida, aparte de lo de la presunción, que los hechos transcurridos en los años ochenta no sólo habrían prescrito, ni que tampoco, dada la no retroactividad de las normas legales en España cabría aplicarles las ahora vigentes. Lo que, en todo caso, mantendría la condena moral y el rechazo social.

Este asunto viene bien, por otro lado, para desviar la atención centrada en el PSOE de Sánchez sobre sus propias filas por la evolución de los casos conocidos; de ahí que el de Suárez está siendo utilizado políticamente, con la inestimable iniciativa de Podemos y sus amazonas. Es viejo y conocido, como dijo Chomsky que, para distraer la atención sobre un caso o un escándalo presente en los medios, nada ayuda tanto a la distracción del primero que surja o aparezca otro que ocupe su lugar. Y eso pasa. El caso de Suárez, al tiempo, ya se está usando por elevación para atacar su propia obra política, o sea, lo que los socios más destacados de Pedro Sánchez llaman el “régimen del 78”, en el sentido de que la actual Constitución que no celebran, pero que les permite decir lo que dicen, es la continuidad disfrazada del franquismo.

En contra del tratamiento de otros casos parecidos, el diario “Público” ha dedicado un extenso espacio a esta historia, con una detallada exposición de la mujer que acusa a Suárez de haberle robado la vida entera a los 17 años y ponerla en una situación de la que no sabía cómo salir. Hace 22 años, envió una carta a Suárez donde recordaba que, durante tres años, a partir de 1982, la puso en repetidas circunstancias de violencia sexual. Cuando era joven sentía especial admiración por el presidente del Gobierno, y éste, según la denunciante, como hacen otros hombres en casos parecidos, se aprovechó de su ingenuidad. Veinte años después, interpuso denuncia en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). La denunciante, licenciada en Derecho, es consciente del nulo efecto, salvo en su memoria, sobre Suárez, pero entiende que no ocurre lo mismo con personas de su entorno que actuaron como encubridores de los hechos señalados. Se trataría de la secretaria de Suárez y ex política del Partido Popular Gádor Ongil e Inocencio Hernández Amores, secretario personal del expresidente, y el propio hijo de Suárez, compañero en la Universidad de la denunciante. De todos modos, lo que ahora persigue es una reparación social y que su caso produzca el adecuado efecto para que nadie pueda incurrir en casos parecidos.

Pese a que es consciente del nulo efecto de su denuncia en el ámbito penal, la denunciante entiende que cabrían compensaciones civiles o por lo menos que se le dé una explicación, una reparación social, traducida en la revisión de los honores y placas con el nombre de Suárez en el ámbito público, pues entiende que los mismos son una ofensa para sí misma por lo que el aludido la hizo padecer. ¿Pero quién determina ahora que los hechos son ciertos absolutamente sin que el aludido pueda defenderse? ¿Quién dicta la sentencia o resolución y quién la aplica?

Aparte, el caso abre además la vía a denuncias parecidas con otros personajes y supone remover. Y ese será lógicamente otro efecto.