Visto para sentencia

En torno al caso de las mascarillas, visto para sentencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han aparecido poderosas fuerzas interesadas en que la verdad judicial, que es una categoría muy protocolizada en normas escritas previamente (leyes), quede enterrada por la verdad política, que es cambiante, casquivana y muy manipulable.

Tanto Ábalos como el Gobierno al que perteneció en otro tiempo como responsable del poder inversor y comprador del Estado (2018-2021) han decidido afrontar el drama con plantillas argumentales de carácter político (principio de oportunidad).

Pero eso no sirve en el campo judicial, donde las reglas del juego (principio de legalidad) son otras, y donde ha quedado demostrada la existencia de una trama criminal de amplio espectro. A saber: mascarillas, sector inmobiliario, aerolíneas, hidrocarburos, relaciones diplomáticas y sexo recreativo a precio de mercado.

Después de un proceso indagatorio en sede judicial culminado -más allá del venidero juego de recursos- en una vista pública marcada por la consabida práctica de las pruebas testificales, periciales, documentales, etc., no puede venir el gran corrupto de la trama (o sea Ábalos, pues sin su connivencia no habría un Aldama en el papel de corruptor) a decirnos que esas las decidía un subsecretario.

Peor todavía, es un despropósito que el exministro ahora se haga la víctima de una conspiración político-mediática cuyo desenlace ya estaba decidido antes de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo.

Pero todo es posible en los tiempos recios de divorcio entre gobernantes y gobernados. La tendencia a polarizarlo todo entre buenos y malos ya ha vuelto a configurar los dos bandos enfrentados.

Uno estaría con el corrompido Ábalos y contra el corruptor Aldama. Lo encabeza el Gobierno de Sánchez, cuyos mensajeros insinúan una conjura del corruptor Aldama contra el exministro, mientras éste se reclama inocente al tiempo de denunciar también una conjura contra él de todos los actores del proceso empeñados en conseguir que el ex todopoderoso brazo derecho de Sánchez se pudra en la cárcel. A saber: Aldama, Jessica, el fiscal Luzón, el teniente coronel Balas (UCO) y por supuesto, el PP, en su papel de acusación popular.

Los nominados serían, por tanto, los integrantes del bando contrario a Ábalos, defensores de suavizar el horizonte penal de Aldama por su colaboración con la justicia y supuestos perjudicados por los enredos de la Moncloa que quedan bien retratados en unas declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, cargando asimétricamente contra Aldama, y no contra Ábalos, la reprobación por lo ocurrido en torno a la desvergüenza de los tres tenores Ábalos-Koldo-Aldama).