La presunción para todos

La presunción de inocencia es uno de los grandes pilares en los que descansa el ordenamiento jurídico en los países democráticos y con el mismo rango que la independencia judicial. Lo que pasa es que, en la misma sintonía que el penalti, adquiere diferentes interpretaciones según de qué lado esté el sujeto al que se aplica. Estos días asistimos al inicio de un proceso que se presume largo y complejo construido en torno al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. E inspirado en el principio de presunción de inocencia, el Gobierno y el partido al que pertenece piden al país paciencia y serenidad para permitir que los tribunales lleven a cabo su trabajo mientras reclaman respeto para el investigado y consideración hasta que no se demuestre lo contrario y se determine sin lugar a dudas su participación en el cada vez más abundante abanico de cargos contenidos en un auto que avoca a Zapatero a una primera comparecencia con la Justicia.

El Gobierno está en su derecho de solicitar a la ciudadanía esta necesaria presunción de inocencia pero habrá de mostrar el mismo comportamiento cuando los hechos se producen al contrario. No ha sido en absoluto ejemplar su reacción ante la actuación judicial que ha precedido al, por el momento, último eslabón de una cadena que parece no tener fin. De hecho, muchos componentes de este equipo de gobernantes y parlamentarios sigue considerando inocente al ex fiscal general del Estado a pesar de que ya ha sido sentenciado y condenado en firme. La despiadada presión ejercida sobre la Judicatura con el ministro de Justicia a la cabeza, ha sido tan inaceptable en un estado democrático en el que el Poder Judicial es uno de los pilares más sólidos de nuestro ámbito de convivencia, que ha propiciado una respuesta de la Magistratura defendiendo su condición y activando su participación en los ámbitos que le corresponden para evitar ser triturada. Por tanto, bien cierto es que a José Luis Rodríguez Zapatero hay que considerar inocente hasta que los tribunales se pronuncien, pero también se ha de partir del mismo principio cuando los implicados sean los rivales. Y sobre todo, hay que permitir que la ley discurra por sus cauces institucionales sin recibir presiones y críticas. Antes eso era desacato.