Al diputado de Unidas Podemos Miguel Angel Bustamante se le ha iniciado un procedimiento judicial por la denuncia de malos tratos que ha presentado su mujer, con la que se encuentra en proceso de divorcio. Acusaciones que Bustamante niega. Ella ha presentado un certificado médico con las lesiones producidas por un presunto puñetazo en la cara y afirma que lleva cuatro años sufriendo maltrato.
Aforado por ser diputado, la causa se ha trasladado al Supremo, que tomará las iniciativas que considere convenientes. Lo habitual es que ante un presunto delito penal, no relacionado con la actividad política de un parlamentario, se lleve a pleno un suplicatorio para que autorice el inicio del procedimiento judicial correspondiente.
Izquierda Unida, nada más conocer la noticia, ha dado de baja a su diputado. En el momento de escribir esta crónica, cuando ha transcurrido un día desde que se conoció la noticia, la ministra de Igualdad todavía no ha pronunciado una palabra sobre un caso que Podemos tipifica como violencia de género cuando se producen casos similares. Antes incluso de que un juez determine si efectivamente se ha producido esa situación delictiva en la que, si el acusado no disfruta de aforamiento, se toman inmediatas medidas cautelares que, habitualmente, pasan por llevarlo al calabozo mientras no se esclarezcan los hechos.
El pasado mes de septiembre, una mujer iraní fue detenida por la policía social de los ayatollahs al no llevar colocado el velo de forma correcta, por lo que se veía parte de su cabello. El cadáver de Masha Amini apareció días después, con signos de haber sido torturada hasta la muerte, lo que ha provocado una ola de manifestaciones por todo Irán, con una brutal respuesta policial con más muertos y centenares de heridos, así como manifestaciones de protesta en la mayoría de los países occidentales.
En Madrid, un grupo de apenas unas docenas de mujeres se manifestó ante la embajada y, además de expresar su rechazo al régimen iraní, se preguntaron dónde estaba Irene Montero. La ministra de Igualdad tardó casi una semana en condenar el asesinato de Masha, lo hizo a través de un tuit.
La hipocresía y el sectarismo de la ministra y de su equipo ministerial es indignante. Actúan con toda la contundencia ante cualquier caso de violencia de género o de un régimen dictatorial, antes incluso de confirmarlo, en función de la simpatía o rechazo hacia ese país y de la militancia o actividad de la víctima. No defienden la igualdad sino a aquellas personas que pertenecen a su círculo, a su ideología, a su credo; en función de quién o quiénes son los verdugos, y en qué medios se mueve la víctima.
Lo que ocurre en el ministerio de Irene Montero es una vergüenza para quienes defienden los derechos no solo de las minorías, sino de todas las mujeres sean cuales sean sus inclinaciones sexuales y sus simpatías políticas.
Irene Montero no merece formar parte de un gobierno democrático.
