Un nuevo modelo para el Gobierno de los jueces

Al tiempo de su significado objetivo en sí mismo, el pacto entre el PSOE y el PP, en orden a la normalización ordinaria en el funcionamiento que debe presidir las instituciones del Estado, en este caso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay otras reflexiones que inmediatamente acompañan este histórico acuerdo, que debería ser algo ordinario. Es evidente que, dada la naturaleza del asunto cabe la controversia sobre su contenido y alcance, como ya es evidente, pero lo que sobresale es que, por primera vez desde hace tiempo los dos partidos que representan a la neta mayoría de la sociedad española pactan, lo que en sí mismo es bueno, sobre todo en medio de la agitada vida política nacional. En ese contexto, que el asunto pudo resolverse mejor, como dice la asociación de jueces Francisco Victoria es un punto de vista cualificado, pero se ha abierto un camino para la plena homologación de este aspecto con otros modelos vigentes en Europa, siendo particularmente imitable el de la República Francesa o Ia italiana.

Conviene tener presente que este acuerdo viene a coincidir con el inicio de la aplicación de la amnistía a los primeros beneficiarios de la impunidad de sus actos, esto es, de lo que para el común de los ciudadanos, que no lo pueden justificar por la independencia de Cataluña, y la controversia creada por la sensación de que el Tribunal Constitucional viene actuando, pese a que no es parte del Poder Judicial, cosa que algunos olvidan, como una instancia superior al mismo Supremo, al que corrige en otro asunto polémico, cuan es las responsabilidades de altos cargos del PSOE en cuanto a la malversación de los Eres. Eso hace inevitable que se considere que sus efectos son como una especie de “nueva amnistía”. Al ser el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, sus decisiones no son recurribles. No obstante, contra las mismas puede interponerse recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso que se considere vulnerado algún derecho fundamental. Pero las sentencias del órgano que preside Conde Pumpido sobre destacados miembros del partido del Gobierno parecieran otra cosa.

Hay dos fotos que este mismo día enmarcan la realidad nacional. Por un lado, la sonriente foto de Bolaños y González Pons firmado el acuerdo, y por otro, la foto victoriosa, casi desafiante del ex conceller del Interior de la Generalitat, Miguel Buch, primer beneficiario de la amnistía levantando los puños, al serle extinguida su responsabilidad penal junto al mozo que mandó como escolta al fugado Puigdemont. Y esa es otra realidad para el mismo día. En cuanto a la renovación del CGPJ, conviene fijarse en la propia valoración que hacen, por un lado, los consocios de Pedro Sánchez, pero sobre todo los propios jueces, donde se entreveran algunas críticas apreciables por algunos contenidos. Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura cree que el pacto va "por el buen camino".

Pero esa comunión no es completa, porque no todos están de acuerdo con la dependencia esencial en el proceso de los partidos políticos. Y esa es la cuestión. Mientras unos aceptan que sea el Congreso el marco general, como espacio donde residen los representantes de la soberanía del pueblo español, donde resida la competencia decisiva, otros, como la citada Francisco de Victoria, la superación de la anomalía prolongada pudo hacerse mejor para superar la politización del órgano de gobierno de los jueces y ha perdido una oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir que la carrera judicial eligiese a sus doce vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano.

Hay dos modelos, el francés y el italiano que los expertos señalan como imitables. En Italia, l Consejo no lo elige solo el parlamento, sino que se divide: dos tercios son elegidos por los magistrados y el tercio restante queda a decisión del Parlamento, en sesión conjunta, de entre los catedráticos de universidad en disciplinas jurídicas y abogados con quince años de ejercicio. En Francia, con más de 130 años de ejercicio, los miembros de su consejo (CSM) son elegidos mayoritariamente por los propios jueces. Las propuestas para la designación de los jueces son hechas por las instancias y tribunales del Estado, es decir, los propios jueces y magistrados se proponen y votan a sí mismos. Una vez pasada esa fase, será el presidente de la República quien nombrará los vocales por decreto.