No vale todo

Los objetivos de los fondos europeos eran claros. Se trataba de acelerar la modernización de la economía, reforzar la productividad y financiar reformas estructurales capaces de dejar una huella duradera. No estaban concebidos para tapar agujeros de gestión ni para maquillar desequilibrios presupuestarios. Sin embargo, las observaciones del Tribunal de Cuentas vuelve a hacernos nuevamente la "incómoda" pregunta de estos años: qué se ha hecho realmente con una oportunidad histórica que difícilmente volverá a repetirse. El problema no es solo el desvío de recursos hacia el pago de pensiones. El problema es también la baja ejecución de partidas que nacieron con objetivos concretos, medibles y sometidos a calendario. España recibió estos fondos para transformar el tejido productivo, digitalizar administraciones, impulsar la transición energética y reforzar las capacidades estratégicas. Y el balance es decepcionante.

Resulta especialmente preocupante que no solo se hayan ejecutado cantidades reducidas, sino que además se haya devuelto dinero a Bruselas y se hayan dejado recursos sin utilizar. En un país con déficits crónicos de inversión, con proyectos pendientes en innovación, industria, vivienda, formación y modernización administrativa, cuesta explicar que haya fondos disponibles y, al mismo tiempo, incapacidad para convertirlos en actuaciones concretas. El calendario añade gravedad al asunto. En agosto concluye el plazo para culminar los planes para los que estos recursos fueron diseñados. Eso significa que el margen ya no es político ni retórico: es puramente operativo. Cada mes perdido reduce la capacidad de corregir errores, reprogramar partidas y garantizar que el dinero llegue a destino.

Lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas no es una mera discusión contable, está en juego la credibilidad institucional. Cuando se anuncian miles de millones como motor de transformación y después la ejecución avanza a un ritmo insuficiente, lo que se deteriora no es solo la eficacia administrativa, sino también se resiente la confianza pública en la capacidad del Estado para gestionar recursos extraordinarios. Pagar las pensiones es una obligación, pero esa necesidad no convierte automáticamente en legítimo emplear fondos diseñados, además por la Unión Europea, para fines distintos de los comprometidos. Mezclar urgencia presupuestaria con planificación estratégica acaba desnaturalizando ambos objetivos y es absolutamente impresentable en una democracia donde la transparencia de las cuentas públicas es una prioridad. Algo tendrá que decir Bruselas. No sé.