Maricarmen

¿Qué ley es esa que encubre con su alambicada y fría jerga jurídica lo que es en realidad el allanamiento del hogar de una anciana de 87 años? Un allanamiento, un rapto y, a tenor de la mucha edad de la víctima del fondo buitre que activó el procedimiento de su desahucio, la infame despedida de España, de Madrid, a una de sus hijas. Contra Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada a la fuerza de su casa, en la que ha vivido durante más de 70 años y siempre al corriente del pago del alquiler, se han confabulado todos los poderes del Estado y los poderes a la sombra, los del dinero, para despojarle del techo que la cobija y del hogar que la ampara. Una sentencia judicial, decenas o centenares de policías y la indiferencia, si es que no la complicidad, de todas las administraciones, la han privado de todo lo suyo, aquello que contenía la memoria de su vida, esto es, su casa.

Como se sabe, Maricarmen pagaba 500 euros al mes de alquiler, que ya es pagar para una pensionista con unos ingresos de 1.300, pero el fondo buitre que atiende al nombre de Urbagestión, propietario del inmueble, decidió que tenía que pagar porque sí ¡2.650! Uno no es juez, pero, de serlo, sólo por esa pretensión le habría mandado, discúlpeseme la expresión, a la mierda. El caso es que entre una ley franquista, la de Boyer y la vigente relativa a los alquileres, han facultado a dicho fondo para hallar el resquicio por el que amargar la vida, y dios no quiera que quitársela también del todo, a Maricarmen, esa anciana vulnerable, sin recursos, tan fácil de desahuciar.

La buena gente de Madrid que durante las horas previas al inicuo lanzamiento han acompañado a Maricarmen y tratado de impedir su execrable ejecución, no han logrado su propósito. Tampoco consiguió detenerla la mediación del Gobierno, ni la petición de la misma ONU, ni los diversos intentos de negociación, ni, a lo último, el ofrecimiento de una escritora anónima para pagarle de por vida la diferencia entre el alquiler actual y el exorbitante exigido por el fondo buitre. Y mientras, madrileños con conciencia y con corazón arropaban a la víctima, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, festejaba en IFEMA con el mundo de la especulación inmobiliaria.