Bajo la lupa europea

La Fiscalía Europea ha vuelto a poner el foco en el destino de los fondos europeos que España ha recibido para modernizar su red ferroviaria. Lo hizo tras el accidente de Adamuz y ahora con el de Urda. En total, 115 víctimas mortales en menos de 10 meses en la misma línea. De momento, estas tragedias han derivado en responsabilidades políticas, pero también han abierto interrogantes sobre el destino del dinero que debía garantizar el mantenimiento y la seguridad de nuestras infraestructuras. Los fiscales europeos quieren examinar contratos relacionados con la señalización, las comunicaciones y los sistemas de seguridad. No se trata de una mera comprobación administrativa. Se investiga un posible fraude con fondos europeos, aunque, naturalmente, habrá que esperar a las conclusiones judiciales antes de atribuir responsabilidades.

Estamos hablando de una cantidad extraordinaria de dinero. Europa concedió a España casi 8.300 millones de euros al sector ferroviario. De ellos, unos 6.200 millones se canalizaron a través de Adif Infraestructuras, Adif Red Comercial y Renfe Viajeros. El resto se distribuyó entre numerosos proyectos y adjudicaciones. Entre ellos figuran los 134 millones de la UTE CAF Signalling-Thales España para instalaciones de señalización, protección ferroviaria y control del tráfico. Cantidades millonarias que debían traducirse en mejores trenes, vías más fiables y sistemas de seguridad más modernos. Se trata de averiguar si el dinero se empleó correctamente, si las obras se ejecutaron conforme a lo contratado y si los sistemas de seguridad que debían modernizarse lo hicieron y funcionan como debían.

Los fondos europeos no eran un cheque en blanco para el Gobierno ni una oportunidad para repartir contratos. Eran recursos públicos, procedentes de los contribuyentes europeos, destinados a mejorar servicios esenciales y proteger vidas. Los españoles, los europeos, queremos saber dónde ha ido cada euro, quién lo ha recibido, qué trabajos se han realizado y qué controles se llevaron a cabo. Y si alguien ha utilizado ese dinero para fines distintos de los previstos que responda ante la Justicia. Hasta ahora ha sido imposible. Ni siquiera la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo lo consiguió en su visita hace ya más de tres años. Tampoco los altos cargos que abandonaron su trabajo,por falta de personal e injerencias políticas. Veremos si la Fiscalía Europea tiene más suerte y se depuran todas las responsabilidades que procedan, después de centenares de incidencias que finalmente han provocado la muerte de 115 personas y decenas de heridos.