Jueces con la Ley y el sentido común

La decisión del Tribunal Supremo con respecto a la aplicación de la amnistía a Puigdemont y otros, en el caso de la malversación, responde a lo que se espera que sea el funcionamiento ordinario de un Estado de Derecho, sin dejarse influir por injerencias de la política o apaños entre partidos, pactos y enredos. La función de un juez, desde el más modesto al Supremo, que es la estancia superior del poder judicial, es interpretar y aplicar la Ley. Por eso, como ya ha ocurrido varias veces en España, ha habido que modificar algunas leyes, muy recientemente, por cierto, porque el legislador no es infalible y a veces se equivoca y es preciso corregirse, luego de la jurisprudencia del Supremo y su razonamiento que impone la revisión, vistos los efectos negativos de una ley, como en el caso de la del “Si es sí”. Pero hay otros casos, como el de la Ley de Amnistía, por su origen, desarrollo y consecuencias que exige una especial lectura.

También convendría a los tenores de la tamborrada contra el máximo tribunal, en este asunto, no ya la prudencia que se aconseja a la hora de juzgar, sino pararse un poco más en el origen de las cosas. Primero, que la famosa ley fue precio o pago (“do ut des, doy para que des”) que le impusieron los independentistas al doctor Pedro Sánchez para dejarlo con sus votos en la Moncloa, previa negociación en el extranjero, con mediador internacional. Pero es que, además, durante años, Sánchez y su partido insistieron en que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución ni en su programa, Y conscientes de que, como dice, es hombre de principios, que siempre cumple lo que dice, lo creyeron. Y de repente, todo cambió.

El propio proceso de elaboración de esta ley constituyó un caso vergonzoso sobre la marcha. El proyecto inicial se fue ampliando en la medida que lo imponían los consocios de Sánchez, no sólo sobre el abanico de su alcance temporal, sino en que no quedara nada fuera. Su articulado fue meticulosamente ampliado y corregido pautadamente mediante añadidos y reinterpretaciones en aspectos tan significativos como los casos de malversación, contra la doctrina vigente en Europa, en cuanto la responsabilidad, al margen de que se aproveche en persona, y el deber de custodia y resguardo por funcionarios y cargos públicos del uso de los fondos públicos, que nunca pueden ser empleados en fines distintos de los dispuestos, máxime, como en este caso, si sirve a la pretensión de romper el Estado y declarar unilateralmente la secesión de una parte de su territorio.

Ahora ya, dada la postura del Supremo, en las diversas escalas de Sánchez y sus consocios ya se abre la necesidad de una reforma de la amnistía para blindar la malversación contra toda interpretación que no sea la de Puigdemont y los suyos impunes y beneficiados. Pero lo que rebasó todo límite de la moralidad fue considerar que los actos propios de una organización terrorista (acopio de explosivos para atentar, estructura criminal, objetivos, tropa preparada, planos y todo lo necesario) iban a quedar impunes, si era por la causa de la independencia y no se había ejecutado el programa previsto. Y así hemos visto la triunfal salida de los terroristas catalanes impunes porque no pudieron llevar a cabo sus planes. Y no digamos nada de las ocupaciones del aeropuerto del Prat, asaltos e incendios, ataques a la policía de forma brutal, daños en el patrimonio público, saqueos y demás.

La Ley que los protege fue tan minuciosamente preparada para no dejar hueco alguno que permitiera a los jueces aplicar lo que prevé el Código Penal, aunque reformado a la medida, para el común del vecindario. Los jueces del Supremo no sólo cumplen su deber, sino que nos alientan hacia la esperanza de que todavía queda alguna estancia que no se ha rendido. Y el procedimiento de interpretación que hacen de la Ley es impecable, dentro del procedimiento ordinario de todo tribunal colegiados donde caben votos particulares y se impone la mayoría. Se puede discrepar de sus decisiones, pero no cuestionar e insultar a los magistrados del Supremo que cumplen con su deber. Y eso no es enfrentarse con el Poder Legislativo, es cumplir las funciones del Poder Judicial. Y lo vergonzoso es que en la misma cámara de la que salió la Ley, se permita insultar a los jueces, motejarlos de mafia de la toga y delincuentes comunes sin que la presidencia diga nada, en contra del rigor que emplea cuando se ataca a Gobierno.