A lo largo de mi carrera como periodista, tuve el privilegio de poder conocer y entrevistar a personajes clave de aquella convulsa España de los años 30, y repasar con calma sus propias responsabilidades en la tragedia de 1936. La mayoría de esas entrevistas que grabé y conservé se pueden consultar hoy en el Arquivo Sonoro de Galicia, donde las deposité. Entre los personajes que entreviste destacan Enrique Líster, Santiago Carrillo, José María Gl Robles, Dionisio Ridruejo, Luis Soto, secretario de Castelao; Santiago Alvarez, comisario comunista y secretario del PCG, al hermano de Durriti, que trabajaba de ferroviario en Lugo, a los generales Gutiérrez Mellado y Díaz Alegría, varios ministros de Franco y Eugenio Montes. También entrevisté a historiadores fundamentales para comprender nuestro pasado como Herbert Rutledge Southworth. Y además a todos los personajes notables de la transición, desde Roca Junjent a Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Fraga, Bustelo Peces Barba o hasta Jordi Pujol o Enrique Tierno Galván. Con respecto a los primeros, la conclusión general, desde la perspectiva de cada uno, era que el clima previo a la tragedia era que, según sus palabras “No nos soportábamos”, vinieron a reconocer todos. La evidencia de la España de nuestros días, en el plano del diálogo político, reproduce un clima parecido a aquellos rotos los puentes de diálogo, respeto y tolerancia posible. Restablecerlos fue la gran función de la transición, clima que se ha ido deteriorando con el tiempo, hasta el punto insólito de que los propios miembros de la coalición de Gobierno califican a la Constitución de “Régimen del 78” y predicar abrogarla un día sí y otro también, y ahora insulta y descalifican al Rey. El mayor enemigo de la Constitución es la variada concurrencia de los socios de Pedro Sánchez. ¿O es que hay dudas? Aparte de los citados actores en primer plano que he citado, también entrevisté a exiliados, como Arturo Cuadrado y a todos los gallegos coetáneos desde Otero Pedrayo a Xaquin Lorenzo., Cunqueiro, Castroviejo, Paz Andrade y otros.
Del aluvión de análisis que estos días se hacen, sorprende la parcialidad las abstracciones. De suerte que para unos es normal y ni siquiera se cuestiona la reforma precipitada, sin discusión, del Código Penal a la medida del descargar o anular, “realmente a la carta”, la responsabilidad de quienes incurrieron en actos que, se les califique de uno y otro modo, en cualquier país democrático, hubieran tenido reproche penal. Pero aún peor es que tales cirugías sobre el referido código sean el contrapago impuesto por determinados consocios del presidente Pedro Sánchez por su apoyo, y por si fuera poco, los portavoces de los beneficiados presumen de ello, al tiempo que advierten que sus planes son perseverar y que tales rebajas en tipificación de sus actos es una medida de efectos esperados “a futuro”. Todo esto es democrático y normal porque lo apoya una mayoría parlamentaria a cuyo frente está el mismo que dijera que por sus principios jamás lo veríamos en tal situación.
Claro que es lamentable el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo es la situación del Tribunal Constitucional. Pero es peor que desde la tribuna del Congreso se compare a los jueces con Tejero, se hagan analogías y se considere ilegítimo que en Cataluña se aplicara la Constitución y el Código Penal, calificándolo de “judicialización (término asumido por Sánchez, que ha hecho suyo el lenguaje de los independentistas) “agresión del Estado” contra quienes sólo querían abandonarlo a las bravas. Decía el doctor Pedro Sánchez no hace tanto que uno de los efectos negativos del bipartidismo era la capacidad de los partidos de elegir a los órganos de Gobierno de los jueces, competencia que él estaría dispuesto a renunciar. Ya se ha visto. En el bloqueo de este asunto están todos implicados, por la incapacidad de simplemente cumplir la ley, sin trampas y maniobras, lo que refleja la carencia de unos y otros para llegar a un pacto de Estado, sobre un aspecto concreto del Estado mismo. Cuando creíamos que se había producido ese acuerdo de mínimos, la persistencia del Gobierno de meter mano de modo precipitado en el Código Penal –porque lo urgían sus consocios—echó por tierra el entendimiento posible ¿O es que no fue así y ambas cosas no tienen relación? Y lo más curioso que los mismos que condenan a unos jueces y magistrados pertinaces asiente con los enjuagues y atajos que toman Sánchez y sus socios con la misma impudicia y del modo más trapacero, con gravísimos efectos, pero de modo deliberado para evitar análisis y valoración de los efectos que causarán. Quieren anular efectos substanciales de la Constitución, pero como no tienen mayorías, el modo de hacerlo es mediante leyes orgánicas y apaños diversos, que a la vista están.
Del aluvión de análisis que estos días se hacen, sorprende la parcialidad las abstracciones. De suerte que para unos es normal y ni siquiera se cuestiona la reforma precipitada, sin discusión, del Código Penal a la medida del descargar o anular, “realmente a la carta”, la responsabilidad de quienes incurrieron en actos que, se les califique de uno y otro modo, en cualquier país democrático, hubieran tenido reproche penal. Pero aún peor es que tales cirugías sobre el referido código sean el contrapago impuesto por determinados consocios del presidente Pedro Sánchez por su apoyo, y por si fuera poco, los portavoces de los beneficiados presumen de ello, al tiempo que advierten que sus planes son perseverar y que tales rebajas en tipificación de sus actos es una medida de efectos esperados “a futuro”. Todo esto es democrático y normal porque lo apoya una mayoría parlamentaria a cuyo frente está el mismo que dijera que por sus principios jamás lo veríamos en tal situación.
Claro que es lamentable el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo es la situación del Tribunal Constitucional. Pero es peor que desde la tribuna del Congreso se compare a los jueces con Tejero, se hagan analogías y se considere ilegítimo que en Cataluña se aplicara la Constitución y el Código Penal, calificándolo de “judicialización (término asumido por Sánchez, que ha hecho suyo el lenguaje de los independentistas) “agresión del Estado” contra quienes sólo querían abandonarlo a las bravas. Decía el doctor Pedro Sánchez no hace tanto que uno de los efectos negativos del bipartidismo era la capacidad de los partidos de elegir a los órganos de Gobierno de los jueces, competencia que él estaría dispuesto a renunciar. Ya se ha visto. En el bloqueo de este asunto están todos implicados, por la incapacidad de simplemente cumplir la ley, sin trampas y maniobras, lo que refleja la carencia de unos y otros para llegar a un pacto de Estado, sobre un aspecto concreto del Estado mismo. Cuando creíamos que se había producido ese acuerdo de mínimos, la persistencia del Gobierno de meter mano de modo precipitado en el Código Penal –porque lo urgían sus consocios—echó por tierra el entendimiento posible ¿O es que no fue así y ambas cosas no tienen relación? Y lo más curioso que los mismos que condenan a unos jueces y magistrados pertinaces asiente con los enjuagues y atajos que toman Sánchez y sus socios con la misma impudicia y del modo más trapacero, con gravísimos efectos, pero de modo deliberado para evitar análisis y valoración de los efectos que causarán. Quieren anular efectos substanciales de la Constitución, pero como no tienen mayorías, el modo de hacerlo es mediante leyes orgánicas y apaños diversos, que a la vista están.
