Opinión

El independentismo catalán impone su hoja de ruta a Sánchez, quien desarma al Estado

Hay que volver a recordar los dos brocardos latinos emparedan con su precisa sencillez las tropelías con el Estado y cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán del que sigue al pie de la letra la hoja de ruta que le trazaron para mantenerlo en la Moncloa. Un brocardo es una breve máxima o aforismo con el que los glosadores interpretaban el sentido de los textos jurídicos. La supresión de delito de sedición, a la medida de dejar sin efecto las condenas y procesos pendientes por los actos cometidos por diversos dirigentes nacionalistas catalanes en 2017, rebasa el ya citado principio de que no son legales ni admisibles las leyes particulares ya descrito en la Ley de las XII Tablas reza así: "privilegia ne inrogando", que significa que es contra Derecho el promulgar una ley particular; Pero lo peor es que suprimido el delito, debe anularse la sentencia que condenó a quienes lo cometieron, "nullum crimen, nulla poena sine legem". El efecto de la retroactividad de la ley que favorece al reo es inmediato. Pero hay más, si no cometieron delito de sedición (que ya no existe) tampoco hay delito de malversación puesto que esta quedó configurada como una espúrea utilización de fondos públicos para la comisión de un ilícito legal. 
Para saber el alcance de lo que realmente sucede no se debe creer lo que dice Sánchez y sus parroquianos, sino lo que afirman Otegui, Rufián o Junquera del precio que han impuesto al presidente del Gobierno, que según dice se rige por sus principios, a cambio de apoyarlo. La más burla de las mentiras es decir que, con sus cesiones a costa de la seguridad y existencia del Estado mismo, se ha rebajado la tensión y que Cataluña está mejor. Lo que está mejor es el envalentonamiento de quienes de modo tan fácil imponen su hoja de ruta hacia la independencia. ¿O no? Veamos, primero, la supresión del delito de sedición y la reforma a la baja del de malversación, a lo que se añade la triquiñuela de un añadido como si fuera una medida profiláctica y necesaria contra un aspecto de la corrupción.  Los efectos prácticos de esa reforma a la carta del Código Penal equivaldrán en la práctica al primer punto del orden de aquella hoja de ruta, o sea amnistía.
Queda por ver cómo alcanza esa amnistía a la serie de procesos pendientes de los diversos delitos que se cometieron en torno al ilegal referéndum de octubre de 2017. Y si ya tenemos amnistía, vamos al paso siguiente, referéndum de autodeterminación. Será el tema estrella del próximo congreso de ERC y ya lo adelantó Junqueras. Y tiene razón. Convocar un referéndum ilegal o unilateralmente no está contemplado en el Código Penal, porque Zapatero lo quitó de allí, luego de que lo introdujera Aznar. ¿Pero cómo se atreven a decir que lo de Cataluña va mejor? La inmoralidad se ha adobado con el cinismo, como si España fuera un rebaño. Y para convencernos de ello, los turiferarios de Sánchez y el aparato del Estado en manos de los suyos. Este proceso de manipulación, en la que se esmeran los medios afines, responde al objetivo de someter a los ciudadanos a un proceso de ocultación de la realidad continuo, abrumando al público meno crítico para conseguir en la opinión pública un efecto acumulativo o sobredosis aletargadora.
Para saber cómo van las cosas, no se fíen, pues de lo que diga Sánchez, sino de lo que nos aclare Junqueras. Este no engaña: Ahora van a por el referéndum (en principio, pactado; luego ya se verá): Un día después de que ERC y el PSOE alcanzaran un acuerdo para reformar el delito de malversación, con la introducción de supuestos nuevos que favorecen a los condenados por el procés y también a algunos de los actualmente investigados, el líder de ERC ha insistido en que el 1-O no fue un delito y ha alegado que "organizar un referéndum no está en el Código Penal". En su opinión, “la vía unilateral es una vía democrática porque permite votar a la ciudadanía y decidir sobre su futuro”. O sea, que no ha cambiado de objetivo, aunque ahora lo tendrán más fácil. Y a ello van. Pero la respuesta del portavoz del Gobierno, Bolaños, aparte de floja, denota sus carencias: "El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar”. ¿Pero qué dice? El artículo 92 de la Constitución Española establece la posibilidad de someter a referéndum consultivo las decisiones políticas de especial trascendencia., dentro del Título III dedicado a las Cortes Generales y más en concreto dentro del Capítulo II, que hace referencia a la elaboración de las leyes. O, sea, que adecuadamente disfrazado, claro que se puede atender lo que ahora le exigen a Sánchez. Así que, ya veremos.

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