El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell está encantado de romper tabúes y de poner encima de la mesa debates de índole político-económica que a su juicio no se abordan por prudencia o temor pero que estarían al cabo de la calle. O al menos lo están en las reuniones que celebran los directivos de la patronal. Lejos de enmendar sus declaraciones acerca de la necesidad de enviar a su casa cobrando un subsidio a un número indeterminado de funcionarios públicos, las ha sostenido aunque haya incluido alguna matización acerca de la duplicación de funciones y la necesidad de la evaluación de su trabajo. Aunque se pudiera estar de acuerdo con alguna de sus declaraciones no era necesario que la hiciera ofendiendo gratuitamente. Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que Rossell carga contra los trabajadores públicos y sus palabras llegan cuando está a punto de abordarse la reforma de la Administración Local y el sector público va a ser el próximo gran proveedor de parados.
Sus propuestas ni son inocentes ni obedecen solo a un sentimiento de protección de los intereses nacionales en un momento de crisis. Quizá sea que al socaire de los vientos neoliberales también trate de arrimar el ascua a su sardina y aprovechar las privatizaciones para ocupar espacios que se gestionan de forma pública. En esta y otras direcciones cobran sentido las declaraciones del secretario general de UGT, Cándido Méndez, cuando afirma que Rosell no habla solo de economía sino de ideología.
Se equivoca igualmente el presidente de la patronal al poner en cuestión los datos de la Encuesta de Población Activa que registra seis millones de parados, y prefiere los datos del paro registrado que contabiliza un millón menos, como si no fueran suficientemente dramáticas las dos cifras y demostración de un problema social que no ha paliado la reforma laboral, que estos días cumple su primer año de vigencia ,sin que se hayan visto sus efectos beneficiosos por ningún lado -800.000 parados más- aunque después de esta barrida se quiera promocionar su carácter flexible que sirve para reducir salarios, evitar convenios, restringir derechos, en última instancia cambiar ERE por ERTE y cambiar la dualidad existente antes entre trabajadores fijos y temporales por una nueva en función del sueldo.
Rosell es igualmente un furibundo defensor de los minjobs alemanes, para que los jóvenes sepan lo que es trabajar. Se puede estar de acuerdo siempre que se trate de contratos de formación -¿todas la empresas están en condiciones de ofrecerla?- y no de explotación. Pero puestos a importar iniciativas foráneas, ¿por qué no hacerlo también con la cogestión de las empresas y la implicación de los trabajadores en su desarrollo? Los trabajadores están dando muchísimas muestras de responsabilidad y de sacrificio sin que se les haya tenido en cuenta en época de bonanza.
En las declaraciones del presidente de la CEOE hay un aspecto en el que se echa mucho en falta su opinión: la corrupción. Es previsible que en los próximos días se asista a una procesión de empresarios ante los jueces y fiscales por su presunta relación con la contabilidad B de un partido, pero es que son colaboradores necesarios en todos los casos que investigan los tribunales: es decir, detrás de cada político corrupto hay un empresario corruptor, sin que a Joan Rosell se le haya escuchado fuerte y claro una autocrítica de la labor del empresariado que tuvo como patrón de patrones a un depredador que se encuentra encarcelado.
