De lo poco que ha trascendido de la reunión que el presidente del Gobierno ha mantenido con el papa se sabe que Rajoy ha expresado al pontífice su deseo de que se consoliden las relaciones de España con la Santa Sede y el agradecimiento por la labor social y educativa que realiza la Iglesia en nuestro país, aunque es presumible que hayan abordado los asuntos que también preocupan al Vaticano en su relación con España, la ley del aborto, el matrimonio homosexual y la educación. En menor medida, y pese a que Mario Bergoglio ha dado muestras de preocupación por los más pobres, es presumible que el asunto de la crisis económica que atraviesa nuestro país no haya ocupado el espacio central de la conversación, dado que veinticuatro minutos de encuentro en la Biblioteca Vaticana no dan para mucho.
Rajoy se ha apunta do un tanto en su agenda internacional al ser el primer gobernante europeo en ser recibido por el papa, y este aspecto, que no pasa de ser una cuestión simbólica, refleja el tradicional interés de la Santa Sede por nuestro país, que sin ser ya la reserva espiritual de Occidente todavía no ha desarrollado hasta las últimas consecuencias el mandato constitucional de ser un país laico y aconfesional, y que cuando el gobierno socialista intentó dar pasos en ese sentido encontró una respuesta furibunda por parte de la jerarquía católica. Ahora Rubalcaba también ha fijado su tiro en la Iglesia y pretende cambiar su fiscalidad para que tribute impuestos de los que se encuentra exenta y que se reduzcan los 248 millones de euros que percibe del Estado para su sostenimiento, sin que se haya vuelto a oír hablar a la Iglesia de la tantas veces postergada autofinanciación.
Al mismo tiempo que Rajoy era recibido en la Santa Sede, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, trataba de marcar el rumbo al Gobierno en las cuestiones sociales que más les incumben, con una apelación a los principios morales de sus miembros que 'no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno' y que por tanto están obligados al mantenimiento integro de la doctrina moral y social cristiana, con lo que les urge a actuar, sobre todo, con la ley del aborto para derogar la ley Aído, aunque su desiderátum sería la prohibición total del aborto, y la supresión absoluta del matrimonio homosexual que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.
Pese a que el Gobierno ya ha anunciado una ley del aborto más restrictiva, ha suprimido la enseñanza de Educación para la Ciudanía y tiene intención de reincorporar al currículum escolar la asignatura de religión, los obispos españoles se quejan del ritmo lento con el que el Ejecutivo aborda estas medidas. Una actitud que puede ser comprensible porque en su etapa de oposición el PP pedía al PSOE que no se distrajera con leyes que causaban división social y se dedicase a afrontar los problemas verdaderamente importantes de los españoles. Y ya se sabe que la principal ocupación del Gobierno es tratar de sacar a España de la crisis.
En este asunto es igualmente preocupante el silencio de la jerarquía católica sobre sus consecuencias, especialmente el paro y los desahucios, y que no señale a sus feligreses más conspicuos la obligación de cumplir con la doctrina social de la Iglesia. Porque la Iglesia, como el resto de las instituciones del país, sufre la desafección ciudadana, por la percepción de su inacción, y su desplome no es mayor porque Cáritas es una de las organizaciones mejor valoradas por su labor de apoyo a los más necesitados.
