La esperada explicación del ministro de Hacienda acerca del informe sobre la venta de trece supuestas propiedades de la Infanta Cristina ha quedado en el reconocimiento de la ignorancia acerca de cómo ha podido suceder y en unas disculpas a la Casa Real más que necesarias por el daño infligido en uno de los peores momentos para la institución monárquica.
Que media docena de días después de que se remitiera el informe de la Agencia Tributaria al juez José Castro que instruye el caso Urdangarín aún se siga sin conocer cuál ha sido el mecanismo por el que se ha producido el error administrativo es casi tan sorprendente como el error mismo. Algo se ha avanzado, claro, porque todos los sectores implicados, notarios y registradores, han puesto de manifiesto la dificultad y la extraña coincidencia de que los datos erróneos hubieran partido de sus oficinas.
Cristóbal Montoro ha reconvenido a la oposición y ha pedido que no vea política en este asunto, y si bien puede no haberla en cuanto a las consecuencias jurídicas del informe equivocado, si las hay respecto al lugar, la forma y la difusión del documento origen de la polémica y que todo parece indicar que se encuentra en la Agencia Tributaria bajo su dirección política.
Las consecuencias políticas del informe se han minimizado porque la Casa del Rey actuó con diligencia, negó la existencia de las compraventas y todas las circunstancias que se han sucedido a alrededor de los hechos, incluido el prolongado silencio de Cristóbal Montoro, la rápida actuación del juez Castro pidiendo datos a los registros afectados y la diligencia de esos al hacérselos llegar, más las declaraciones indignadas de las personas que se han visto involucradas en este asunto, ponían el foco en el propio ministro. El anuncio por parte del abogado de la infanta Cristina de que tampoco van a judicializar el desafortunado incidente es una decisión correcta para situar la polémica fuera de su entorno y no dar tres cuartos al pregonero, cuando su defensa trata de que todo el proceso que afecta a su marido quede cuanto más alejado de ella mejor. Pero el malestar en la Casa del Rey es más que comprensible porque cada vez que se trata de poner distancias con el caso Nóos aparece algún tipo de información que devuelve el caso a las primeras páginas de los periódicos. Y en este caso no se trataba de un error como la multa por conducir un tractor que estuvo a punto de llegarle a la infanta Elena sino de unos datos que echaban más leña al fuego de la investigación sobre el patrimonio de la pareja.
Como es la segunda ocasión en poco tiempo que ocurre un problema relacionado con los DNI de dos miembros de la familia real debiera establecerse, si fuera posible, algún tipo de medida que haga saltar las alarmas y que permita su verificación cuando sus números aparezcan en operaciones administrativas.
Ver fantasmas volando como ha afirmado el propio ministro de Hacienda o recurrir a teorías de la conspiración parece exagerado. Pero para evitar que la bola de nieve crezca mientras rueda es preciso que la investigación interna para detectar la fuente del informe erróneo se sustancie cuanto antes. Sólo así la Agencia Tributaria mantendrá una fama de eficacia bien ganada, a la que Cristóbal Montoro ha tratado de proteger en todo momento con referencias a su ingente trabajo, y será el momento de determinar si son exigibles responsabilidades políticas por estos hechos.
