Que el Parlamento catalán vote a favor del derecho a la autodeterminación no es nuevo: lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones. Que el Parlamento catalán considere a Cataluña como una nación tampoco es nuevo: está en el preámbulo del Estatuto de autonomía que carece de fuerza legal. Que el Parlamento catalán declare que el pueblo de tiene carácter de 'sujeto político y jurídico soberano' es harina de otro costal.
Las votaciones a favor del derecho de autodeterminación o la consideración de nación se han aceptado con la naturalidad que supone un pronunciamiento democrático que no tiene más consecuencias que la declaración de intenciones, por muy chirriantes que puedan parecer o sean contrarias incluso a la formulación de los derechos en los que pretendidamente se basan. Una declaración de soberanía como paso previo a una consulta en la que se va a decidir sobre la independencia y la pretendida creación de un Estado nuevo de Europa adquiere una relevancia que es impropia en un Estado democrático en el que las instituciones funcionan de forma adecuada, en el que mediante el diálogo se han resuelto problemas históricos que afectaban al país periódicamente, y en el que las cuestiones de máxima relevancia se han resuelto con el concurso de los nacionalistas, especialmente en los momentos en los que sustenta al Gobierno en la Cortes no disponía de mayoría absoluta.
El empujón independentista, que surge como efecto colateral de la crisis, acabará posiblemente como una declaración testimonial más del Parlamento catalán tras su votación el próximo día 23, dada la imposibilidad de llevar a cabo la consulta que debe ser el paso definitivo para la independencia con todos los predicamentos de la legalidad. Aunque en estas primeras semanas tras el 25-N, CiU y ERC hayan avanzado mucho en su discurso y en sus actuaciones para la puesta en marcha de las estructuras propias de un Estado, la creación de un Consejo de Transición Nacional y otra serie de movimientos propios de países colonizados, lo cierto es que al Gobierno central no le ha queda más remedio que esperar a ver cómo se desarrollan los primeros acontecimientos para actuar con la fuerza de la ley.
Ese es el sentido de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría cuando advierte al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que' como Gobierno de la nación que somos y en cumplimiento del mandato constitucional cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes'.
Otra aspecto de la 'declaración de soberanía', que no cuadra con la realidad es su apelación a una legalidad europea en la que puede sustentarse la consulta independentista, y que el resultado de la secesión será la incorporación inmediata de Cataluña como nuevo Estado de la UE y, además, saltándose la lista de espera. En muchas ocasiones los nacionalistas han acudido a una mistificación de la historia y tratan de llevar el agua a su molino en la interpretación de acontecimientos que les sirven bien para acentuar su victimismo o bien para sustentar su idiosincrasia, pero resulta más difícil falsear la realidad cuando en el momento actual se suceden las declaraciones de responsables de las instituciones europeas que no le ven cabida en su marco legal a ninguna de las pretensiones nacionalistas, en los términos en los que están formuladas por CiU y ERC. En fin, Artur Mas se ha embarcado en un esfuerzo baldío que conduce a la melancolía.
Quienes han respirado con alivio tras leer el texto pergeñado por los socios en el Parlamento catalán son los socialistas de Pere Navarro. Al menos les facilita una vía para salir de su laberinto.
