Las cifras del paro registrado del mes de febrero, 4,3 millones personas, se acercan cada vez más a las de la Encuesta de Población Activa, 4,7 millones de parados. En ambos sistemas de medición el número de parados se encuentra en máximos históricos y dan idea de la magnitud del drama del desempleo.
El mes de febrero nunca fue bueno para la generación de empleo, y el de este año sumó 68.260 nuevos parados a las listas de los Servicios Públicos de Empleo. Ante estos datos resulta beatífica la actitud de los responsables políticos del Ministerio de Trabajo de hacer de la necesidad virtud y tratar de buscar alguna arista positiva a unas cifras tan demoledoras al afirmar que es mejor que el mismo mes de los dos años precedentes. La realidad es que ya queda cada vez menos empleo que destruir, y el que se crea sigue siendo igual de precario o más que antes de una reforma laboral pensada, teóricamente, para fomentar el empleo estable. Al menos, las empresas han comenzado a utilizar el recurso a la reducción de jornada que permite la reforma en lugar de despedir. Algo es algo.
Y en el envés de esta moneda está el descenso del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo que han disminuido un seis por ciento desde enero del pasado año, y el menor número de parados que solicitan prestaciones porque han agotado todos las posibilidades. Es decir, más paro y menos protección.
Una parte de la bajada de beneficiarios y del gasto por desempleo hay que atribuirlo al descenso de los parados extranjeros, especialmente los extracomunitarios que suponen un 8,6% menos que en enero de 2010. Y es que como demuestra el padrón, con un menor número de inscritos en los ayuntamientos, y después de haber contribuido de manera decisiva al crecimiento económico durante los años de bonanza económica, los inmigrantes han comenzado a abandonar nuestro país.
La consecuencia de todo ello es una disminución del gasto en prestaciones por desempleo cuyo efecto benéfico a efectos de disminución del déficit público tiene una importante carga social negativa.
El Ministerio de Trabajo tiene ahora puestas las expectativas en la evolución de la reforma de las políticas activas de empleo vinculadas a la formación, y que para finales de año se hayan creado unos 60.000 empleos netos. Será difícil con un crecimiento previsto del PIB de un 1,3% y sobre todo si la reforma financiera no trae como consecuencia una mayor fluidez del crédito a las pymes y familias que permitan la recuperación económica, y si no se insufla más ánimo a otros planes para el cambio del modelo productivo o la recuperación del empleo en la construcción con la rehabilitación de edificios y viviendas o las inversiones públicas productivas.
Sólo así se logrará aumentar la confianza de pymes y autónomos que son quienes más empleo crean. Y por el momento no se ven en condiciones de hacerlo: el noventa por ciento de los autónomos no contratará a nadie en el próximo año.
