Resulta difícil aceptar las apelaciones a la legalidad cuando un Gobierno se declara insumiso a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la inserción del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán y la obligación de escolarizar en español a los niños cuyos padres lo demanden. Cuando se habla de legalidad los nacionalistas catalanes distinguen entre la suya propia y la que dictan las instancias judiciales y las autoridades nacionales. La cuestión es que La LOMCE no ha pasado del estadio de borrador y ya proliferan los anuncios de recursos al Tribunal Constitucional.
Ahora bien, ¿hay necesidad de españolizar a los niños catalanes cambiando el modelo de inmersión lingüística que aplica la Generalitat desde el principio de los tiempos democráticos, que por otra parte ha sido un modelo de éxito como reconocen incluso los organismos internacionales dedicados a la educación y cuando la lengua no es motivo de conflicto en la vida cotidiana de los catalanes? ¿Hay desconocimiento o mala fe en la reforma educativa en relación con la enseñanza del catalán como dice el Gobierno catalán? Cualquiera de las dos posibilidades sería igual de grave.
Y si es cierto que la elección del castellano como lengua vehicular de la educación es demandada por muy pocas familias en relación con el conjunto, algunas de las cuales han interpuesto los recursos ante los tribunales ¿por qué no facilitarles esa libertad de elección? La argumentación en contra es evitar la segregación y defender la igualdad de oportunidades. Pero quizá subyace el temor por parte de las autoridades gubernamentales catalanas de que aquello que es ahora una anécdota pudiera convertirse en una opción mayoritaria sobre todo entre determinadas capas de la sociedad, dificultando así, por ejemplo, la integración de los inmigrantes en la sociedad catalana. Pero tampoco es menos cierto que la educación en Cataluña se ha utilizado como un elemento de propagación del nacionalismo y para ello no se ha dudado en mistificar la historia propia y en negar la historia común en un ejercicio de sectarismo.
Pero es lógico que las autoridades y buena parte de la sociedad catalana perciban la nueva reforma educativa impulsada por el ministro de Educación como un ataque en toda regla al catalán y por extensión a Cataluña de la cual la lengua es la principal seña de identidad nacional. Y nacionalismo por nacionalismo, Wert se ha convertido en el principal predicador del nacionalismo español que parece negar la existencia de una España plural de la que últimamente se había escuchado hablar hasta a Mariano Rajoy, aunque quizá fuera una treta de campaña electoral, a lo que es preciso añadir que se trata de una reforma, la séptima de la democracia, que tiene un fuerte contenido ideológico, que hace previsible que no sea la definitiva si se produce una alternancia en el Gobierno.
La consecuencia de la propuesta de Wert es un enconamiento de las diferencias entre los gobiernos de España y de la Generalitat que impide la recomposición de los puentes que quedaron rotos con el desafío soberanista de Artur Mas, quien ha encontrado en la reforma educativa, junto con sus futuros socios de ERC, otro motivo para acelerar sus movimientos a favor de la autodeterminación. Y si los representantes claramente independentistas son 87, quienes consideran que se ha producido una agresión innecesaria al catalán se elevan a 107 de los 135 recién elegidos el 25-N.
