En el Palacio de La Moncloa esperan carta. En el tiempo de las comunicaciones instantáneas tiene un halo de romanticismo esperar una carta, sino manuscrita al menos con el encabezamiento y la despedida firmada a mano con toda solemnidad. Peor no se sabe bien si la misiva que esperan en la Presidencia del Gobierno es carta o coartada, aunque se intuye que es más bien esto último, porque su contenido, más o menos adornado ya se conoce. El Gobierno catalán va a comunicar al Gobierno central que va a celebrar una consulta en su comunidad autónoma, sí o sí, sobre la independencia de Cataluña.
Y la cuestión es que lo que propone el gobierno de Artur Mas es que no hay nada que negociar, que la decisión está tomada con el año próximo como punto de no retorno. Los representantes de partidos políticos, sindicatos, pequeños empresarios, asociaciones culturales y ciudadanas, reunidos en torno a la mesa del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir son mayoritariamente partidarios de la segregación, del desiderátum de un nuevo Estado en la Unión Europea. Que la mayoría de los participantes en la reunión representen a la causa independentista es lo de menos, puesto que en ella no participaron los representantes del PSC partidario del derecho a decidir para decir que no-, del PP, de Ciutadans, y de la más importante patronal catalana, que demuestra la fractura de la sociedad catalana respecto a los planteamientos de los líderes de CiU y de ERC, de ICV y la CUP. Lo más relevante es que ya no hay vuelta atrás, que ya nada les sirve, que no quieren negociar nada de nada y que ya niegan cualquier tipo de encaje de Cataluña dentro de España, ni reforma de la Constitución para reconocer de forma más explícita la singularidad catalana, ni Estado federal, ni confederal ni Estado libre asociado. Estado propio, y punto. Como Kosovo. Y como creen que votará Escocia.
Por eso la carta que van a enviar a La Moncloa es una coartada. Y no lo ocultan. Quieren que Rajoy se dé por enterado de sus pretensiones de realizar un referéndum y utilizar su negativa a autorizarlo para justificar con más ahínco su celebración en el convencimiento, y a tenor de los participantes en el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, de que lo que se va a aprobar en ese referéndum de autodeterminación es la independencia, porque va a ganar esa pretensión, porque nadie convoca un referéndum para perderlo.
Ni negociación sobre la relación de Cataluña con España, ni negociación sobre la realización el referéndum, y lo que es peor la amenaza proclamada nada menos que por quien fue en su día vicepresidente del Tribunal Constitucional de que si se utilizan las leyes para frenar las reivindicaciones políticas de Cataluña las vías legales quedaran bloqueadas y se abrirán otras en las que el Derecho tendrá poca cosa que decir. Y cuando se está dispuesto a romper todas las reglas del juego democrático en aras de supuestos mecanismos de democracia directa y de decisiones unilaterales que no solo van contra la historia y el sentido común, se abre un escenario de enfrentamiento que es el que viene bien a quienes tienen en el victimismo y en una presunta incomprensión que oculta otros problemas e intereses, su fuerza política.
Habrá que esperar a ver como se concretan las amenazas en la carta que llegará a La Moncloa. Hasta ahora la respuesta del Gobierno en todo el proceso soberanista ha sido utilizar los instrumentos a su alcance, recurriendo al TC cuando ha sido preciso. Pero tiene otros igualmente legales para impedir que se vulneren derechos de todos.
