La sesión de control al Gobierno celebrada ayer ofreció muchas pistas acerca de cuál será el desarrollo del próximo debate sobre el estado de la Nación, a celebrar la próxima semana. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido por primera vez en sede parlamentaria la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha dado un salto cualitativo en su labor de oposición y, tal y como le pedían algunos dirigentes de su propio partido, ha intensificado la presión sobre el Ejecutivo dejando un paso atrás su intención de realizar una oposición útil para adentrarse en el cuerpo a cuerpo contra su adversario al aprovechar el terreno abonado por los casos de supuesta corrupción que afectan a la financiación del PP y a la delicada situación en la que se encuentran dos de los ministros, Cristóbal Montoro y Ana Mato, por la amnistía fiscal y las salpicaduras del caso Gürtel.
La línea argumental básica del discurso de Rajoy las apuntó el pasado martes, cuando en el acto organizado por The Economist afirmó que no he cumplido con mis promesas, pero he cumplido con mi deber, al aplicar unas medidas que han dado prioridad al control del déficit para recuperar la confianza del exterior en España. Las consecuencias son la que se viven, con la promesa de que se sientan las bases de un desarrollo más sólido y estable aunque por el camino se haya expulsado del mercado de trabajo a centenares de miles de personas, y con el argumento de que no había otra política posible.
Rubalcaba rechaza ese postulado y recuerda a Rajoy que ha roto todos los consensos básicos sobre los que se asienta el bienestar de la sociedad, como la gratuidad y universalización de la sanidad, la protección a los dependientes y ha favorecido la pérdida de derechos derivada de la reforma laboral y de ahí su exigencia a Rajoy para que renuncie. Se apoyará para ello en el descenso vertiginoso que ha sufrido su partido y el respaldo a su acción de gobierno en las últimas encuestas, que le sitúan muy lejos de la mayoría absoluta de la que disfruta. Cierto que Rubalcaba no es inocente en la situación de crisis que atraviesa el país y así lo reconocen también las encuestas- pero llega al debate con su partido pacificado -o con las luchas intestinas aplazadas-, y con propuestas de regeneración democrática que intenta pactar con otros grupos de la oposición para salvar la falta de autoridad moral de la que le acusa el PP tras la publicación de la contabilidad del partido aunque faltan datos- y las declaraciones de renta y patrimonio de Mariano Rajoy.
Rajoy llegará al debate con una serie de rectificaciones a sus espaldas de gran calado -rebaja de las tasas judiciales, inclusión de los partidos en la ley de transparencia, aceptación de la ILT sobre la dación en pago-, para mostrar una cara más amable con una ciudadanía empobrecida, atemorizada ante el futuro e indignada ante la sucesión de casos de corrupción conocidos. Pero llega también con dos lastres, el de una amnistía fiscal manejada por Cristóbal Montoro que ha resultado un fiasco en el aspecto recaudatorio, poco edificante para los contribuyentes habituales y sobre la que existen dudas acerca de su utilización por parte del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a la que se habría acogido uno de los imputados en la trama Gürtel, de cuyos tentáculos trata de librarse Ana Mato con la ayuda de Jesús Sepúlveda que certifica la inocencia de su exmujer, quien a su vez considera una cacería la presión del PSOE y otros partidos para que dimita. El aperitivo del debate sobre el estado de la Nación está servido.
