Comienza el año con una buena noticia, la disposición de los dos principales partidos a pactar la reforma de la Administración Local. Sería el primer gran acuerdo entre ambas formaciones desde que Rajoy accedió al Gobierno, aunque para ello el Ejecutivo haya debido fraccionar su deseo de llegar a un acuerdo total sobre la reforma de las Administraciones Públicas que también incluiría la reforma autonómica y que ha quedado para más adelante. El fin último de los cambios previstos es evitar duplicidades en la prestación de servicios y recudir el número de concejales en los ayuntamientos, en un movimiento en el que se unen la necesidad objetiva de ordenar su trabajo y su salario, sin obviar que obedecen a la demanda social de rebajar el número de políticos a los que muchos ciudadanos ven, injustamente, como causantes de la crisis -y alguien algún día tendrá que explica como desde los mismos partidos o sus altavoces mediáticos se ha denigrado la acción política- como si la reducción de su número fuera el bálsamo de Fierabrás para la salida de la crisis, y no un perjuicio para la calidad de la democracia.
La reforma de la Ley de Base de Régimen Local que está en marcha y que afectará a otras leyes, como la del Régimen Electoral, prevé la reducción de 15.000 concejales en las elecciones de 2015 un 21% menos- o la bajada de los sueldos que afectará a uno de cada cuatro alcaldes, y en la que se fijará el catálogo de los servicios sociales que pueden ofrecer los ayuntamientos siempre que puedan financiarlos.
Y ese es uno de los asuntos clave por los que se aborda esta reforma: el hecho de que no se haya llevado a cabo la segunda descentralización, la que tenía que haberse producido desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos, porque siempre se ha mantenido que la mejor administración para ofrecer determinados servicios era la más próxima a los ciudadanos, puesto que se trata de la que mejor conoce y entiende sus necesidades. A la sombra de la burbuja inmobiliaria los ayuntamientos dispusieron de ingentes cantidades de dinero del que ahora carecen que destinaron a servicios impropios. Ahora serán las denostadas diputaciones provinciales quienes asuman los servicios que ofrecen los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no pasen las evaluaciones de calidad que se establezcan, o bien serán ofrecidos directamente por las comunidades autónomas. El ahorro previsto es de 3.500 millones si se logra evitar las duplicidades.
Hasta el momento los equipos negociadores por parte del PP y del PSOE, formados por pesos pesados relacionados con el funcionamiento de las Administraciones Públicas, Javier Arenas y Gaspar Zarrias, han logrado el acercamiento en los principales asuntos de negociación después de que cada uno de los dos partidos aceptaran algunas de las sugerencias realizadas por sus alcaldes bien directamente o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero el buen clima para alcanzar acuerdos puede romperse cuando se aborde la reforma de la administración autonómica y se pongan de manifiesto abiertamente los intentos recentralizadores del Ejecutivo central.
En fin, el acuerdo definitivo sobre la Administración Local sería un buen momento para que los paridos que se sumaran a él aprovecharan para realizar pedagogía y convencer a los ciudadanos de que los políticos españoles ni son muchos ni ganan mucho dinero, y para ayudar a cambiar la percepción de que constituyen el tercer problema nacional.
