El PP destapa un “pufo” en la Mancomunidade que la presidenta niega

El PP denuncia lo que califica como un “escándalo económico de proporciones mayúsculas” en la gestión de la Mancomunidade do Morrazo, mientras que la actual presidenta del ente, Leticia Santos, niega la existencia de una deuda reconocida y admite únicamente retrasos en los procesos de auditoría.

Según los populares, el análisis de la Conta Xeral de 2025 revela un “agujero negro” financiero cercano a los dos millones de euros. En concreto, señalan que la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, Urbaser, ha presentado facturas por valor de 1,58 millones de euros en concepto de costes reales del ejercicio, a los que se suman otros 433.000 euros por compensaciones derivadas de la venta de subproductos.

Los portavoces del PP en la comarca, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, aseguran que esta situación evidencia una “quiebra técnica” de la Mancomunidade, que atribuyen a una “gestión negligente” del gobierno encabezado por el BNG y sus socios. Además, critican la situación contractual del servicio, cuyo contrato caducó en 2018 y continúa desde entonces mediante prórrogas, lo que consideran una “vergüenza histórica”.

El PP también apunta directamente a los gobiernos locales de Cangas y Bueu, a los que acusa de no haber abonado sus aportaciones a la Mancomunidade durante 2025. Según denuncian, Cangas adeuda más de 184.000 euros y Bueu cerca de 98.000 euros, lo que, a su juicio, agrava la situación financiera del ente.

En este contexto, los populares relacionan el supuesto déficit con la reciente aprobación de una nueva ordenanza del servicio de residuos, que incluye un régimen sancionador. Consideran que esta medida busca incrementar la recaudación para “tapar” el desfase económico.

Auditorías

Frente a estas acusaciones, la presidenta del entre supramunicipal, Leticia Santos, rechaza la existencia de una deuda reconocida con la concesionaria. Explica que el sistema de gestión actual se basa en pagos mensuales fijos y en una posterior regularización trimestral en función de los costes reales auditados.

En concreto, detalla que la Mancomunidade abona a Urbaser alrededor de 136.445,57 euros mensuales por la prestación ordinaria del servicio, además de otros 2.475 euros por la recogida en mercados y plazas de abastos, a lo que se suma el hecho de que la propia empresa percibe directamente ingresos adicionales procedentes de materiales valorizables, como la venta de chatarra o madera reciclada. Santos subraya que, tras estos pagos e ingresos, se realiza una auditoría trimestral de los costes reales presentados por la empresa, a partir de la cual se calcula, en su caso, la diferencia a abonar. Por ello, insiste en que no puede hablarse de deuda hasta que esas cantidades son verificadas por los servicios técnicos y de intervención.

La presidenta admite, no obstante, que existe cierto retraso en estas auditorías, debido a la carga de trabajo y a la tramitación simultánea de la nueva ordenanza y del futuro contrato del servicio. Asegura que el primer trimestre de 2025 ya está auditado y pagado, y que se trabaja en la revisión de los siguientes.

Asimismo, defiende que la MancomunidadE está actualmente sin deuda reconocida y atribuye los problemas estructurales a etapas anteriores de gobierno del PP, recordando que la entidad terminó de pagar compromisos heredados recientemente.

Santos también insiste en que el incremento de costes del servicio, especialmente tras la subida de tarifas de tratamiento por parte de Sogama en los últimos años, hace necesaria una actualización de las tasas. Según explica, los concellos están asumiendo ya más del 50% del coste real del servicio, e incluso el 100% en el tratamiento.

Finalmente, la presidenta recalca que no existen conflictos con la empresa concesionaria y que el objetivo del gobierno de la Mancomunidade es normalizar la situación mediante la aprobación de un nuevo contrato y la actualización del modelo de financiación..