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El Gobierno comenzó ayer los traslados de Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, con un grupo de diez. Según indicaron fuentes del gobierno canario, los diez migrantes comenzaron su viaje hacia la comunidad en la que les reubicará el Estado, que no se publicó a fin de salvaguardar a los menores. Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.
Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, como se avanzó hace una semana tras la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo y que se encuentran en el centro estatal Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.
Entonces, fuentes de esta reunión, aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso “prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior”.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó que los primeros diez menores solicitantes de protección internacional ya están viajando “desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la península”. Este proceso, según señaló en su cuenta de X, se hace en coordinación con Canarias, así como “con rigor, compromiso y sin improvisaciones”, y “garantizando el derecho superior del menor”, a los que afirmó se acompañan “en todo momento”. Además, Torres subrayó que, con este primer traslado, el Gobierno de España “cumple con Canarias” ante la saturación de sus recursos, así como “con el mandato judicial” y con los menores que están protegidos internacionalmente por la “complicada situación de su país”.
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, dijo que desde el departamento que dirige Elma Saiz están “tremendamente satisfechos” del trabajo realizado entre el Gobierno y Canarias para llevar a cabo los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo. “Todas las semanas hemos mantenido reuniones de una manera muy rigurosa. El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el de establecer unos procedimientos que garantizan, y esa era nuestra especial preocupación, que garantizaran el bienestar y el interés superior de los menores”, aseguró Cancela.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, consideró ayer que “hay cierta improvisación y quizás falta de concreción” por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo. Así lo indicó Clavijo al señalar que desde Canarias se solicitó al Gobierno central la necesidad de tener un protocolo para el traslado de estos menores porque, citó a modo de ejemplo, que en el caso de los niños que salieron ayer hacia la península tenían que haberlo hecho “la semana pasada pero el Estado no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores”.
Clavijo lamentó que “tampoco” se informó al Gobierno canario de que “estaban generando 1.200 plazas en toda la península”, “ni cuándo van a estar disponibles, ni dónde van a estar disponibles”, por lo que admitió que “es muy complejo”, ya que Canarias mantiene la tutela de estos menores y tiene que contactar con las otras comunidades autónomas a las que se derivan, de ahí su insistencia en que requieren de “unos protocolos y unas garantías” porque “no son botellas, no son mercancías, son seres vivos y además vulnerables”.
El primer traslado desde Canarias a Península de menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo llega “más de cuatro meses” después de que el Tribunal Supremo (TS) dictara la medida cautelar en la que se instaba al Gobierno central a darle protección a los niños solicitantes de asilo.
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