Los graduados sociales se concentran hoy ante la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vigo para expresar su profundo malestar con la Administración Pública, porque “no nos escucha” y porque desde hace tres años vienen arrastrando jornadas “maratonianas e interminables” sin que se ponga solución.
Explican que están asumiendo funciones que antes realizaban los funcionarios y que los continuos y farragosos cambios normativos les imponen nuevas obligaciones, sin que los clientes conozcan esta situación, les exigen plazos inviables para presentar documentos y añaden que en algunos casos les piden datos completamente innecesarios porque ya los tiene la Administración.
Según los representantes del colectivo, faltan recursos técnicos y humanos en las administraciones públicas, convertidas ahora en entes “fantasma” y para suplir estas carencias cargan de trabajo a los graduados sociales que, aún encima, se sienten “ninguneados” e incluso “acosados”.
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra, Raúl Gómez, señala que quieren ser “operadores laborales de la Seguridad Social”, con un trato preferente como sucede con las gestorías en las oficinas de Tráfico y con un visado que les habilite como auditores laborales para hacer las nóminas, contratos y otras tareas que les corresponden al igual que a otros profesionales como economistas o abogados para evitar el intrusismo.
Al margen de esto, se consideran “invisibles” a pesar de todo el esfuerzo que realizaron durante la pandemia, cuando trabajaron los siete días de la semana durante muchas horas para poder tramitar todos los expedientes de regulación de empleo y para asegurar que todo el mundo cobrase su prestación en tiempo y forma. Lamentan que esta tarea, que llevaron a cabo desde sus despachos, no tuviese el mismo reconocimiento que el personal sanitario, las fuerzas de seguridad o los trabajadores de la limpieza.
Explican que durante la pandemia se vio que el Servicio Público de Empleo (Sepe) no estaba preparado para gestionar todas las prestaciones de desempleo generadas por los expedientes de regulación de empleo y que la “solución mágica” había sido delegar “con carácter gratuito e imperativo” las tareas propias de sus funcionarios en los graduados sociales. Consideran que fue “una externalización de facto” que se cronificó y se extendió a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería, Inspección de Ttrabajo, entre otros.
