En este repositorio de historias y personajes, en ocasiones exhumo viejos episodios de los que fui testigo y cronista como viejo periodista y, en ese sentido, hay pocos sucesos del pasado de esta ciudad tan insólitos por la conducta criminal y desaprensiva de quienes lo cometieron y de las consecuencias de aquel delito. Me refiero a lo que se llamó “El fraude del bonito” y que enlodó el nombre de Vigo, colocándolo en la página negra de España. Más de 500 toneladas de atún blanco o albacora en mal estado, destinado a la fabricación de harina de pescado, fueran enlatadas por siete fábricas de conserva de Pontevedra para destinarlo al consumo humano, pese a los riesgos que ello suponía para quienes lo consumieran. Todo se descubrió gracias a la constancia del entonces jefe de Comercio Interior de Pontevedra y la inspección que llevara a cabo en las fábricas de conserva hacia las que se desviaran las partidas del atún en estado de oxidación, que lo habían elaborado y enviado a los mercados.
A finales de 1973, un carguero llamado “Sierra de Aránzazu” dejaba en Vigo 218 toneladas de atún blanco, procedente de Angola, importado por la firma “Transáfrica S.A”, al precio de 50 céntimos el kilo. El producto se había deteriorado por el largo tiempo almacenado en las cámaras y no era apto para el consumo humano en modo alguno. Tres conserveras, una de Vigo, otra de Vilagarcía y otra de Cambados, se implicaron en el fraude, pues era un negocio redondo. El acto criminal se descubrió cuando gran parte del atún ya había sido consumido. Inicialmente se detectó como un fraude de comercio. Al “Sierra de Aránzazu” siguiera con cargamento semejante el “Guayermina” que trajera en 1974 otras 470 toneladas de túnicos en el mismo estado, esta vez de Senegal. El asunto circuló entonces a través del Tribunal Provincial de Contrabando, que impuso a la firma importadora una multa de 2,6 millones de pesetas de la época por “destinar a un fin distinto del previsto, según las normas de comercio exterior, al asignado a las dos partidas de pescado”. Pero el asunto era peor, y actualmente tendría más graves consecuencias penales. No era una cuestión administrativa, sino sanitaria y de frade en toda su extensión.
El tiempo transcurrido desde que el pescado llegara a Vigo, hablamos de 1973, y hasta que a comienzos de 1975 se descubre, la acción criminal se había consumado. Cuando Sanidad se enteró ya estaban enlatadas 200 toneladas de aquel producto nocivo, enviadas a los mercados y algunos restos almacenados. Los desaprensivos conserveros habían sido muy hábiles al manipular los troncos de atún para aprovechar la parte central, menos deteriorada que las exteriores. Sanidad no fue tan eficiente como el Ministerio de Comercio. Un alto cargo de Sanidad, a quien yo señalara por su deficiente actuación en el asunto llegó a presentarme una demanda de conciliación, previa a querella por injurias y calumnias, pero mi respuesta fue tan contundente, porque tenía ben amarrado el asunto, que se la envainó y no siguió adelante. Yo descubriera que no se había realizado el adecuado proceso de verificación de las latas que se conservaban, lo que habría confirmado plenamente la naturaleza criminal de la operación en la que vieron implicadas siete conserveras y una planta reductora. Y eso habría exigido un muestreo aleatorio en los almacenes, donde quedaban, y no se hizo como se debiera, pese a que el citado sujeto vino a Vigo, desde Madrid a darse un paseo.
Al final el asunto se fue diluyendo, porque el suceso se produce entre 1973 y 1975, en que comienza y se descubre, porque frente a la eficacia y el trabajo de un funcionario de Comercio que descubre el asunto administrativamente, las conserveras consiguen la colaboración de otros personajes para demostrar que, pese a su ilícito origen, tras la oportuna manipulación, parte de la última partida era recuperable. ¿Y la gente que había comprado aquellas latas de conservas o el volumen del negocio de comprar las partidas a 0,50 céntimos el kilo frente al precio real del “bonito” destinado al consumo? Además, las pruebas eran evidentes con el mero control de las entradas de producto en los libros de las conserveras. Este fraude puso al descubierto algo peor, que era frecuente que se hiciera lo mismo, lo que exigía que en tinglado estuvieran implicadas la importadora, la planta reductora, donde el producto debería haber sido procesado para harina de pescado y las conserveras en las que acabara el atún, para ser envasado y comercializado. La crónica de aquel proceso, al releer lo que yo escribí entonces, me asombra a mí mismo, como el hecho de que las partidas localizadas no se guardaran con los adecuados controles de precintado. Mientras los conserveros implicados cerraban un gran negocio, sabe Dios las consecuencias que padecieron las personas que de buena fe consumieron aquellas latas de conservas de esta historia que enloda la que fuera industria viguesa por excelencia.
