La Xunta recela del estatus de protección del lobo en España

A vueltas con la gestión del lobo, mientras Madrid mira a Europa, Galicia mira a España y el PP se une para impulsar una relajación de las normas de protección de la especie. Aunque el Ejecutivo gallego pone matices y reclama que los cambios atiendan “a la realidad de la especie” en cada comunidad autónoma.

La directora general de Patrimonio Natural (Medio Ambiente), Belén do Campo, defendió en nombre de la Xunta la necesidad de que las autoridades comunitarias conozcan de primera mano esa realidad en cada región, según informó la propia Xunta en un comunicado para dar razón del encuentro de representantes de los gobiernos de Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y La Rioja, que ejerció de anfitriona.

Hay inquietud, también en la Xunta, por el actual estatus de protección del lobo ibérico en el conjunto de España, una situación que “complica el mantenimiento del equilibrio entre la especie y la actividad del sector primario”, con el que comparte territorio. Organizado por el Gobierno de La Rioja, el encuentro en Logroño sirvió para “estrechar lazos” y “compartir posibles líneas de actuación” en materias de interés común en el ámbito medioambiental.

En consultas

El Ejecutivo gallego respondió al proceso de consultas abierto por la Comisión Europea al respeto remitiendo un informe el pasado 22 de septiembre en el que se constata “el estado favorable de la población de lobo ibérico en Galicia” y se da cuenta de todos los datos obtenidos la raíz del último censo de la especie realizado por la Xunta entre 2021 y 2022 “ante la inactividad” del Gobierno central y pese a su compromiso con la elaboración de un estudio a nivel nacional.

En la misma línea, Belén do Campo destacó que la decisión del Gobierno central de elevar el nivel de protección del lobo en el conjunto del país en septiembre del año 2021 estaba injustificada “ya que la realidad y la dinámica poblacional de esta especie no aconsejaba adoptar medidas adicionales” para garantizar su conservación al norte del río Duero. Tras indicar que en la información remitida por la Xunta se incluyó también un anexo con información sobre el impacto que tiene en el sector agroganadero y en el rural, del Campo recordó el “esfuerzo económico” del Gobierno gallego en este sentido, con una inversión de casi 8 millones de euros desde 2016 a través de diferentes órdenes de ayudas.

Precisamente, todos los representantes autonómicos coincidieron en denunciar que a estas alturas del año aún esté sin hacer lo reparto de los fondos reservados para el lobo en los presupuestos de 2023.

La Xunta quedó fuera del reparto del año pasado, según recordó Do Campo, por el “sectarismo” del Gobierno central, que vinculó el acceso a estos fondos a la suscripción de la nueva Estrategia nacional del lobo, un “chantaje”, dijo, que Galicia “no aceptó y por la que sigue reclamando por vía judicial” su derecho a recibir los 4,3 millones de euros que le correspondían según el reparto de 2022.