Los desahucios bajan en Vigo por falta de vivienda pero golpean a negocios

La subida en los alquileres sigue generando órdenes de desahucio por impago en Vigo, sin embargo estas han descendido hasta un 19% en el último año, en parte por la falta de vivienda. Que cada vez hay menos inmuebles con renta frente a los pisos turísticos es una realidad de la que dan constancia desde el Servicio Común General del área de actos de Comunicación de la Cidade da Xustiza, cuyo personal es el encargado de notificar y ejecutar los desalojos.

Aunque la mayoría de lanzamientos durante el año pasado fueron en alquileres no todos se centraron en viviendas sino también en negocios, explican desde dicho servicio. Locales comerciales de todo tipo, desde cafeterías, oficinas hasta talleres y no solo en zonas tensionadas donde los precios estarían más altos sino que se extienden a prácticamente todo el partido judicial. En números absolutos, el año pasado se ingresaron 278 órdenes de desahucios, frente a las 344 de 2024, mientras que las que se ejecutaron fueron 277 en 2025 y 347 el año anterior.

A la falta de alquiler se suma también el escudo social por vulnerabilidad que se ha vuelto a prorrogar y el tiempo estimado desde que se interpone la demanda hasta que se ejecuta. Si la persona deudora no se opone, en tres o cuatro meses, el desalojo puede hacerse efectivo. El problema está en cuando el inquilino que ha dejado de pagar se opone, lo que puede dilatar el proceso por encima del año e incluso dos. La caída de desahucios se ha ido estabilizando a lo largo de los trimestres de 2025. En el último tramo del año se ejecutaron 80, mientras que en 2024 fueron un total de 92.

También se registraron desalojos por impago de hipotecas, aunque estos casos siguen siendo minoría, afirman desde el mencionado servicio judicial, mientras que también se recibieron algunos de habitaciones, algo que comenzó hace unos años por el impulso de este tipo de alquiler.

Las deudas incrementan la ejecución de embargos: un 23% más en un año

Los problemas económicos no solo afectan al impago de alquiler o hipoteca. Las deudas con las distintas administraciones por los impuestos, facturas, multas o morosidad empresarial han elevado el número de embargos, tanto en órdenes ingresadas como en ejecutadas. Estas últimas crecieron un 23% en el último año, según la estadística de la oficina judicial. En concreto, mientras en 2024 se ingresaron 297 demandas para confiscar judicialmente bienes, la gran mayoría inmuebles, en 2025 la cifra alcanzó los 343. En cuanto a los que se llevaron a efecto, la cifra pasó de los 294 a los 362, casi uno al día de media.

Estos embargos judiciales acaban en subastas, como método para conseguir dinero que pueda ayudar a sufragar las deudas objeto de demanda. Aunque no es muy frecuente, también se han dado casos de fincas, vehículos o plazas de garaje, y en algunas ocasiones el personal del servicio judicial acude al lugar para entregar la propiedad adquirida en subasta al nuevo dueño si hay sospechas de que pueda haber alguien o incluso animales, para lo cual se echa mano del lacero municipal.

Desde que se pusieron en marcha las subastas online, cualquier interesado puede pujar al hacerse de forma anónima y no presencial como hace años, cuando había grupos organizados de ‘subasteros’ que frenaban la irrupción de particulares.