Zapatero, el alertador de Sánchez para el control de los medios

No deja de ser curioso, o más bien pintoresco, que hace un par de años, Zapatero fuera el encargado de adelantar, como en otros asuntos, de las medidas que iba a imponer el Gobierno de progreso de Pedro Sánchez, amparándose en la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Vista la experiencia las valoraciones del espacio gubernamental y sus consocios sobre la interpretación del referido reglamento generaron el riesgo de una visión sesgada del mismo, como ya ocurriera con el dictamen de la “Comisión Venecia” sobre la amnistía. Aparte de Zapatero, es significativa el anuncio del otro heraldo, Gabriel Rufián. Es curioso que este personaje, que presume de haber impuesto la amnistía a Sánchez, sobre todo tipo de delitos, algunos especialmente graves, pidiera severas sanciones futuras para relacionadas con lo que a él le parezca uso indebido de la libertad de expresión.

Pero conviene tener en perspectiva que Sánchez y su poliministro Bolaños ya han dado a entender que la otra gran pieza de su repertorio de cambios legales destaca la llamada “Ley Begoña” que hubiera evitado que su señora esposa se viera implicada en los asuntos que ahora la asolan. De todos modos, hasta el pro gubernamental “El País” había dicho del referido propósito de “demasiado simple, primitivo, hasta chapucero”. Se trata del viejo proyecto del proceso para vaciar el constitucional derecho al ejercicio de la acusación popular, mediante una serie de consideraciones y rebajas, contra lo que ya se han manifestado instituciones judiciales y asociaciones de jueces y fiscales, de diverso signo, incluidas las no consideradas precisamente conservadoras.

El Derecho español establece tres formas de personarse como acusación en un proceso judicial: acusación particular, Ministerio Fiscal y acusación popular. La primera es una figura reconocida y regulada en el artículo 125 de la Constitución Española (CE) y da legitimidad a cualquier ciudadano español para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión. La acusación popular no actúa por interés propio, sino en defensa de la legalidad. Es por tanto una vía que permite la participación popular en la justicia, ya que cualquier ciudadano puede personarse como acusación. Se enmarca de una manera más amplia dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 21 de la CE.

Otra cosa es cómo y de qué modo se ejerce. La sociedad debe confiar en los medios solventes, que reflejen la realidad. Aunque está permitida tanto para personas físicas como jurídicas, es muy común que esta figura la protagonicen colectivos, asociaciones o incluso partidos políticos. Sin embargo, la acusación popular no puede personarse en todos los procesos judiciales, sino sólo en los que enjuicien delitos perseguibles de oficio. No cabe en delitos privados y se excluye también de los procesos penales militares. Y como en todos los asuntos de este tipo hay controversia y opiniones de todo tipo.

Como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión incluye tanto las cosas que gustan como las que no gustan. El propio PSOE, como organización, ha ejercido este derecho alguna vez como colectividad. Otra cosa es la desaprobación que merezcan algunas entidades o el alcance de determinados hechos. De ahí que el Derecho también reconozca la figura del abuso del mismo. Cierto que, para si ahora quieren reformarla por la puerta de atrás.

En medio de estos dos asuntos, Sánchez y Sumar (y se supone que se sumarán el resto de sus consocios) quieren reformar el Código Penal para eliminar las ofensas a la Corona y a los sentimientos religiosos como acciones perseguibles, por lo que cabe preguntarse si de paso se incluiría la apología de ETA en espectáculos y canciones, dado que a estas tres categorías corresponden las condenas o medidas tomada recientemente contra sujetos que traspasaron los límites vigentes y que a juicio de Sumar supone un grave quebranto a la libertad de expresión, que debe ser corregida y lo quieren hacer dentro de la presente y precaria legislatura.

Así que ahí estamos.