Tiene España un gobierno contra el Estado?

Hay una frase atribuida a Luis XIV que ha sobrevivido a los siglos por su capacidad para resumir una forma de entender el poder: "El Estado soy yo". Probablemente nunca la pronunció exactamente así, pero eso poco importa. La idea quedó grabada en la memoria colectiva como la expresión máxima de la arrogancia y soberbia política. El problema es que, tres siglos después, esa tentación sigue viva. El Estado no pertenece a Pedro Sánchez. Tampoco pertenece a su partido, a sus socios parlamentarios ni a quienes consideran que una mayoría coyuntural otorga una especie de patente de corso institucional. El Estado pertenece a todos los españoles. Precisamente por eso resulta tan preocupante observar cómo, cada vez que surge una investigación incómoda, una crítica relevante o una información comprometida, la reacción no consiste en ofrecer explicaciones, sino en buscar culpables. Si un juez investiga, el sospechoso es el juez. Si un periodista publica una información incómoda, el problema es el periodista. Si un medio revela hechos comprometidos, el problema es el medio. Si la oposición denuncia, el problema es la oposición. La responsabilidad política desaparece y es sustituida por una permanente estrategia de victimización. Nunca hay errores que reconocer. Siempre existe una conspiración. Siempre hay una mano negra. Siempre hay enemigos ocultos trabajando en la sombra para derribar al Gobierno más acosado, según su propio relato, de toda la historia democrática.

La palabra fetiche para sostener esta narrativa es "lawfare". Un término que nació para describir situaciones muy concretas y que aquí se ha convertido en una coartada política de uso masivo. Un aerosol propagandístico capaz de cubrir cualquier escándalo, cualquier investigación y cualquier sospecha con una capa de victimismo institucional. Pero el problema ya no es únicamente político, es institucional. Porque cuando un Gobierno señala de manera constante a jueces, tribunales, organismos independientes, fuerzas de seguridad o medios de comunicación como actores sospechosos de una supuesta ofensiva coordinada, está enviando un mensaje devastador a la sociedad: que solo son legítimas aquellas instituciones que no contradicen al poder.Lo más inquietante es que este deterioro no parece accidental. Parece una estrategia. Una estrategia basada en polarizar, dividir y presentar cualquier crítica como un ataque al progreso, a la democracia o incluso al propio país. Como si disentir del Gobierno equivaliera a disentir de España.

La pregunta ya no es si determinadas investigaciones judiciales prosperarán o terminarán archivadas. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales. La verdaderamente importante es el brutal daño que se está infligiendo mientras tanto a la credibilidad de las instituciones democráticas. Porque existe una corrupción que se mide en joyas, dinero y en contratos. Pero existe otra corrupción, más profunda y más peligrosa: la corrupción institucional. La que degrada las reglas, desprecia los límites y convierte el poder en un objetivo que justifica cualquier medio.

Las democracias rara vez mueren de un día para otro. Se erosionan lentamente.Hasta que un día descubrimos que aquellos mecanismos que debían controlar al poder, han terminado subordinados a él. Y entonces la vieja frase deja de ser una cita histórica para convertirse en una inquietante descripción del presente: “El Estado soy yo". Y a ese contexto nos quiere derivar Pedro Sánchez,no tengo ninguna duda de ello.