Manuel Orío
La lucha por la permanencia
Se cumple una semana del trágico accidente ferroviario de Adamuz que costó la vida a 45 personas y, lejos de avanzar hacia la verdad, asistimos a una sucesión de comparecencias destinadas más a confundir que a esclarecer. El ministro de Transportes, Óscar Puente, parece convencido de que a fuerza de entrevistas y ruedas de prensa acabará imponiendo su relato, uno en el que su gestión y la del ADIF quedan milagrosamente al margen de toda responsabilidad. El pasado viernes se publicó el informe preliminar de la comisión que investiga las causas del siniestro. Cuatro horas después, delante de los periodistas, Puente aseguraba no haber tenido tiempo para leerlo como para opinar. Una afirmación difícil de creer tratándose del mayor accidente ferroviario de la última década. Eso sí, no tuvo reparos en lanzar hipótesis: que la rotura de la vía debió de ser leve, que quizá el rail tenía un defecto de fábrica, que la alarma no se activó por una causa menor. Con una ligereza impropia de quien dice no conocer el informe.
Lo que sí parecía tener claro era hacia dónde dirigir el foco: al 112 Madrid y a la empresa Arcelor. Una huida hacia delante que no solo resulta poco elegante, sino profundamente irresponsable en un momento que exigiría, rigor y empatía con las víctimas y sus familias. Nada de eso se percibió en sus explicaciones ni en sus modos. Si finalmente, como ya han avanzado numerosos medios y expertos, la causa del accidente está ligada a la falta de mantenimiento de la vía, la conclusión es tan evidente como incómoda. Verde y con asas. Porque llevamos meses -años- escuchando cifras triunfalistas de inversión que no resisten un análisis serio. No se habla en términos reales, no se tiene en cuenta el aumento del tráfico ferroviario y los kilómetros de la alta velocidad que se han multiplicado por cuatro.
Los datos desmienten el discurso oficial. Según Eurostat, España es el país europeo con más descarrilamientos. Otro informe de la Comisión Europea revela que el 84% del gasto en alta velocidad se ha destinado a nuevas infraestructuras y apenas un 16% al mantenimiento de la red existente. A ello se suma, entre otras cosas, un documento reservado de ADIF que habla de más de 500 incidencias por mal estado de las vías en la semana del accidente y de tres de los siete trenes de auscultación abandonados en cocheras. Ahora, cuando la presión es ya insoportable, el presidente del Gobierno -desaparecido desde el segundo día- anuncia que acudirá al Congreso. Pero no solo para hablar de Adamuz, sino también de la agenda internacional. Un movimiento que huele más a cortina de humo que a rendición de cuentas. Las víctimas merecen verdad y asunción de responsabilidades.
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