Promesas y más promesas

En el marco del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y al calor de la presentación del fondo soberano "España crece", Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor sabe, que es anunciar otra vez más vivienda pública. Encuesta tras encuesta, el diagnóstico es inapelable: la vivienda es desde hace tiempo la principal preocupación de los españoles. Y no es para menos. Los precios de compra y alquiler se han disparado, el acceso para jóvenes y familias trabajadoras es cada vez más difícil y la oferta no deja de estrecharse. Mientras tanto, el presidente del Gobierno insiste en promesas que se repiten con distintos envoltorios.

España construye poco. Muy poco. Y las normas impulsadas por el Ejecutivo en los últimos años no han hecho sino agravar el problema. La intervención constante del mercado del alquiler -límites a las subidas de rentas, nuevos recargos fiscales, prórrogas obligatorias y prohibiciones de desalojo- ha generado un efecto previsible: menos viviendas disponibles y, en consecuencia, precios más altos. La oferta se retrae cuando la inseguridad aumenta. El hostigamiento a los propietarios desde la pandemia ha sido constante. Muchos pequeños ahorradores, que no son grandes tenedores sino ciudadanos que complementan su renta con un piso alquilado, perciben que el riesgo supera ya al beneficio. A ello se suma el fenómeno de la ocupación y la inquiockupación, que deteriora la seguridad jurídica y alimenta el miedo a poner una vivienda en el mercado con el nefasto resultado de precios más altos.

Pero el Gobierno insiste una vez más en el ridículo de la propaganda. En la anterior legislatura, Sánchez llegó a prometer cerca de 200.000 nuevas viviendas públicas. Hoy, la realidad es tozuda: España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menor parque de vivienda social en proporción a su población.

Ahora la cifra se reduce a 15.000 viviendas al año vinculadas al nuevo fondo soberano. Un número que suena ambicioso en una comparecencia, pero que palidece ante la magnitud del déficit acumulado. A ese ritmo, harán falta décadas para aproximarse a los estándares europeos. Tanto el Banco de España como el INE cifran en 700.000 las viviendas que se necesitarían construir cada año y eso sin contar los cientos de miles de inmigrantes que llegarán con la regularización anunciada. La política de vivienda requiere estabilidad normativa, incentivos a la construcción, suelo, potencia eléctrica disponible, colaboración público-privada y seguridad jurídica. Menos eslóganes y más ejecución. Porque mientras el presidente suma promesas, los ciudadanos siguen restando oportunidades.