Manuel Orío
Huelga de médicos
Siempre nos hemos preguntado por qué Pedro Sánchez afirmaba enfáticamente que nunca pactaría (y si quiere se lo repito) con Bildu (es decir, con Sortu, con el ex terrorista Otegi). Había una razón. Y vino la apostilla de Carmen Calvo que redondeaba el aserto: “Y los socialistas somos de fiar”. Estos días, las asociaciones de víctimas del terrorismo asisten desoladas a la puesta en libertad parcial de uno de los más sanguinarios terroristas de ETA, condenado a 400 años por sus crímenes. Y lo peor es que se sienten abandonadas por quienes deberían abrazarlas, protegerlas. ¿Qué pensarán las familias de los militantes del PSOE, asesinados por ETA? Ven que la consejera de Justicia del PSOE, María Luisa San Jose, en Euskadi viene concediendo terceros grados y otras ventajas a asesinos de la banda, que ni se han arrepentido ni colaboran para la aclaración de más de 300 crímenes impunes y miles de atentados y estragos.
Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021, ha otorgado 114 terceros grados a presos etarras, de los cuales 34 fueron concedidos bajo la administración de esta consejera del PSOE. Entre los favorecidos están los responsables del asesinato de Fernando Buesa y José Luis López de Lacalle. Y ahora Txeroqui. El gobierno del PSOE de Euskadi ha superado la propia diligencia del PNV en atenciones a los etarras, en aplicación no justificada del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario. Según las últimas cifras que maneja la AVT, en la actualidad permanecían en prisión 125 etarras, 121 bajo competencia del Gobierno vasco y cuatro en Navarra. El documento oficial remitido en mayo de 2025 situaba en 16 los presos de ETA que en ese momento disfrutaban de condiciones penitenciarias benévolas. Entre ellas, ya la progresión de históricos como Garikoitz Aspiazu, Txeroki.
Se está consumando otra amnistía, si cabe peor que la anterior. Porque la que Puigdemont le impuso a Sánchez se refería a delitos comunes, con carácter general; pero esta otra beneficia a terroristas y asesinos de ETA, sin que tampoco se hayan arrepentido ni mucho menos colaboren para aclarar los más de 300 asesinatos impunes y hechos como el secuestro, tortura y desaparición de tres jóvenes gallegos, confundidos con guardias civiles que habían ido al cine en Francia. Otegi cumple su promesa de sacar a sus compañeros de la cárcel, de momento mediante una aplicación generosa de terceros grados gracias a los gobiernos de Euskadi. Y se lo ha dicho a Sánchez a la cara, si quiere el apoyo de Bildu, los presos a la calle y cuanto antes.
Existe un organismo, llamado Aukerak, dotado con más de 17 millones de presupuesto anual, creado por el Gobierno vasco, cuya función es la reinserción socio-laboral de los presos, que incluye vivienda y trabajo. La política iniciada en su día por Zapatero y consumada por Sánchez ha ido creciendo en cesiones y olvidos hasta llegar al presente, pese a las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado hacer en este sentido y la concesión de terceros grados en progreso incumple de modo fragrante por una parte el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria exige, como paso para obtener tercos grados a quienes "hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas".
El artículo 90.8 de la reforma del Código Penal de 2010 requiere que la concesión de la libertad condicional exige que el preso acredite una ruptura con su pasado, "una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito" o "su colaboración con las autoridades". Nada de eso se ha producido, mientras los terroristas de Eta siguen saliendo de la cárcel. Y ahora, a la calle uno de los más sanguinarios terroristas, responsable del atentado de la T-4 de Barajas. Era un organizador preciso de atentados mortales eficaces. Una de sus acciones más notables fue la colocación de bombas lapa contra el dirigente socialista Eduardo Madina, que le costó una pierna; la explosión de coches bomba en Bilbao y Amorebieta; y el atentado en la T-4 que acabó con la última tregua. Con 22 causas pendientes, entre asesinatos y atentados, Txeroki fue condenado a más de 400 años de prisión. Desde ahora tiene concedido un permiso para dejar la cárcel de lunes a viernes, con el único requisito de regresar para dormir allí.
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