Presunto culpable

La presunción de inocencia no es un capricho de juristas ni una delicadeza procesal para teóricos del Derecho. Es, sencillamente, la línea que separa una sociedad decente de una sociedad inmoral. Es la frontera entre la justicia —que exige pruebas— y la arbitrariedad —que se alimenta de sospechas—. Y cuando esa frontera se difumina, todo lo demás se vuelve inestable. El juicio deja de ser un ejercicio racional y se convierte en una reacción emocional. La prueba es sustituida por el relato. La verdad, por el titular.

Vivimos tiempos en los que la indignación parece haberse convertido en una fuente del derecho. Basta un titular, una acusación lanzada en el momento adecuado, una insinuación esparcida con el aroma de lo verosímil, para que la presunción de inocencia quede arrinconada como un ornamento superfluo. La sospecha ocupa el lugar de la evidencia. Y entonces, en lugar de preguntarnos “¿qué se ha demostrado?”, empezamos a preguntar “¿cómo se atreve a negarlo?”.

El fenómeno del Me Too tuvo un valor social innegable. Ayudó a romper silencios, a visibilizar abusos reales, a recordar que hay víctimas que han vivido demasiado tiempo encerradas en la vergüenza o el miedo. Pero precisamente por su potencia simbólica, también se ha convertido en un objeto codiciado por la maquinaria mediática y por la política de la distracción. Una peligrosa arma que se utiliza con precisión quirúrgica en momentos de necesidad. De necesidad política.

Estamos ante un mecanismo particularmente inquietante para manejar el control del tiempo informativo. No se trata solo de qué se publica, sino de cuándo se publica. Las acusaciones —sobre todo cuando son de alto voltaje emocional— aparecen normalmente en momentos estratégicos: cuando otras noticias incomodan, cuando una agenda se tambalea, cuando conviene cambiar el foco. Y ese “cuando” no es inocente. Es una herramienta de poder. Porque si se consigue encender una indignación inmediata, se puede apagar casi cualquier debate incómodo.

El resultado es doblemente perverso. Por un lado, se logra la cortina de humo perfecta, un incendio emocional que lo consume todo y no deja nada de raciocinio a su paso. Por otro, se siembra una desconfianza estructural hacia los testimonios, incluso hacia aquellos que podrían ser veraces. Cuando una acusación aparece sin pruebas sólidas y en un contexto oportunista, no solo se pone en cuestión al acusado, sino que se erosiona también la credibilidad de la propia víctima. Y eso es quizá lo más cruel, utilizar el dolor como munición narrativa y, al hacerlo, dejar a las verdaderas víctimas más solas, más cuestionadas y expuestas.

A esta ecuación se añade otro ingrediente explosivo: el anonimato. Hay circunstancias en las que proteger la identidad es razonable y hasta necesario. Pero también puede convertirse en el escudo perfecto para la irresponsabilidad. Cuando la acusación se lleva a cabo sin rostro, sin contraste y sin verificación, la situación es muy asimétrica. Mientras el señalado queda expuesto con nombre y apellidos, nadie sabe quién acusa. El desequilibrio es evidente y el incentivo muy claro. No se trata de justicia, sino de vulnerabilidad selectiva.

En los últimos tiempos hemos visto cómo este mecanismo opera con crudeza en casos que afectan a figuras públicas. Pongo un ejemplo que ilustra bien la lógica del linchamiento contemporáneo: cuando una acusación salta a los medios, aunque el recorrido judicial sea incierto o incluso inexistente, el juicio social ya se ha producido. Y ese juicio social rara vez admite matices. No espera. No pregunta. No distingue entre indicios y certezas. Funciona como un tribunal medieval donde la sentencia se dicta antes de abrir la vista. Y me da igual que el acusado sea Julio Iglesias o Íñigo Errejón, esto no va de colores, esto va de principios.

Aquí está el núcleo del problema. La ausencia de pruebas no es un detalle menor, es el centro moral de todo el asunto. Si una acusación puede sustituir a la evidencia, entonces la justicia se disuelve como un azucarillo. Si cambiamos la carga de la prueba por la construcción de relatos, habremos retrocedido siglos (si no milenios). Los relatos se diseñan para generar adhesión emocional. No buscan verdad, buscan bando. Buscan audiencia. Buscan choque. En ese escenario, el acusado deja de ser una persona con derechos y pasa a ser un personaje útil, un símbolo incendiable en la hoguera de la turba indignada.

Transitamos actualmente una senda muy peligrosa. Creer que defender la presunción de inocencia es “ponerse del lado de los poderosos” o “minimizar los abusos”. Defender la presunción de inocencia no implica negar la existencia de delitos ni silenciar denuncias. Implica exactamente lo contrario: proteger el único marco que hace posible la búsqueda de la verdad y que la reparación no sea venganza. En definitiva, que el castigo recaiga sobre quien corresponde y no sobre quien conviene. Una sociedad que renuncia a las garantías procesales no protege mejor a las víctimas, las deja a merced del espectáculo y sus carroñeros.

Y la cuestión final es, sin duda, la más inquietante. Si destruimos la presunción de inocencia, ¿quién nos protegerá entonces de la arbitrariedad? Hoy el señalado puede ser una figura pública, un poderoso o alguien que convenga. Mañana, cualquiera, incluido usted. Hoy es un nombre conocido, mañana será un ciudadano anónimo sin altavoz, sin recursos, sin margen para sobrevivir a los titulares y a la cacería social. Si aceptamos que basta una acusación para llevar a cabo un juicio social, ya no hay víctimas ni culpables, solo hay indefensión. Y frente a eso nadie está a salvo.

Por eso conviene decirlo sin ambages, la presunción de inocencia no es una formalidad. Es un dique. Es un freno. Es una conquista civilizatoria. Y como todas las conquistas civilizatorias, se pierde mucho más rápido de lo que se ganó. Defenderla es defendernos. Porque el día que la sustituyamos por el aplauso fácil no habremos ganado justicia, habremos normalizado la arbitrariedad… como en los regímenes totalitarios.