Preocupa lo que haga Sánchez con el Estatuto del periodismo y los medios

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, en la que solicita participar en el debate sobre la aplicación del reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Dice que las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno han abierto muchas expectativas entre los profesionales del periodismo y las asociaciones, y recoge la preocupación sobre las posibles medidas que pueda introducir el Gobierno español y sobre la configuración del Estatuto de la Profesión Periodística que se vislumbra para su supervisión. La FAPE considera que la aportación de las asociaciones será fundamental para asegurar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la información veraz al que tiene derecho la sociedad y que recoge la Constitución, así como salvaguardar la independencia de los medios de comunicación y rechazar cualquier intento de injerencia de los poderes públicos. Ese es el delicado asunto, dada la generalización de cierta destilada, pero evidente adverencia hacia los médicos críticos, a los que se mete en el mismo saco, sin distinciones. Algunas expresiones que se dicen, recuerdan mucho otras del pasado.

La FAPE espera que se cuente con ella, como primera organización de periodistas de España, para participar en las discusiones y debates que se originen en torno a la aplicación de la normativa europea y que se contemple su presencia en el órgano regulador que habrá de formarse para garantizar su cumplimiento. La aportación de las asociaciones será fundamental para asegurar el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la información veraz y la salvaguardar la independencia de los medios de comunicación y rechazar cualquier injerencia del Gobierno. Algunas manifestaciones de personas cercanas al Gobierno no encajan precisamente en los objetivos del Reglamento Europeo.

La FAPE es una organización profesional, integrada por 49 asociaciones federadas y 19 vinculadas, que suman cerca de 19.000 asociados (Yo tengo el carné número 7.878) lo que la convierte en la mayor organización profesional de periodistas de España. Denota el riesgo, por las manifestaciones que vienen realizando, y que amparan personajes diversos vinculados al Gobierno, ante el riesgo de que se pretenda una forma de control disimulada, especialmente con los medios críticos. Algunas manifestaciones veladas o directas del presidente Sánchez, en ocasiones haciéndose la víctima por las críticas que recibe, magnificando las descalificaciones con el nuevo lenguaje en que se ha instalado, reforzadas por los propios medios y avaladores producen inevitable preocupación. Pese a la lejanía recuerdan otros lenguajes del pasado. Veamos algunas cosas de la ley de 1938 y el repique de su sonido en nuestros días, pese a la distancia temporal y la propia diferencia marco entre una dictadura y una democracia. Nótese que alguna de las cosas que ahora se dicen, recuerdan como si fueran sus adaptaciones, funciones que la Ley de Serrano Suñer atribuía a la prensa

Decía la Ley del 38: “Uno de los viejos conceptos que Nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión era el de la Prensa. Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado”. Y, por lo tanto, se imponía estas tareas: “Superar los daños que una liberad entendida al estilo democrático haya ocasionado a una masa de lectores diariamente envenenada por una Prensa sectaria”. ““La libertad de prensa nunca podrá desembocar en el libertinaje democrático”. “Corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica”. “Corresponde al Estado: La regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas. La intervención en la designación del personal directivo. La reglamentación de la profesión de periodista. “Cuando por hechos del director el Ministro estime que su permanencia al frente del periódico es nociva para la conveniencia del Estado, podrá removerlo”.

Y luego vino la Ley Fraga de 1966, con su famoso artículo 2, por donde los periodistas caían en la trampa: “La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar”. ¿Y qué era el debido respeto, dónde estaba definido” ¡Cuidado! porque ahora hablan mucho de moral, quienes precisamente en ese sentido no son precisamente ejemplares en ese terreno.