Menos magia y más justicia

El precio de los carburantes, el gas y la electricidad vuelve a tensionar los bolsillos de los ciudadanos y las empresas mientras el Gobierno remolonea, quizás a la espera de que las cosas cambien más pronto que tarde. La situación resulta especialmente sangrante si tenemos en cuenta que 2025 volvió a cerrar con cifras récord de recaudación fiscal. El incremento de los ingresos públicos, impulsado en gran medida por la inflación y por una mayor carga impositiva efectiva, no se está traduciendo, al menos por ahora, en medidas que permitan amortiguar el impacto de los precios de la energía, cuando son gastos con mucho peso en el presupuesto doméstico y empresarial.

Los ciudadanos saben que Hacienda se beneficia de la subida de los precios, mientras soportan un esfuerzo fiscal que se sitúa un 14% por encima de la media de la Unión Europea en relación con la renta disponible de los hogares. A esto se suma un dato preocupante: el riesgo de pobreza o exclusión social continúa creciendo, especialmente entre los más jóvenes. Según las últimas cifras, el 34,6% de los menores de 16 años se encuentra en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, cientos de miles de ciudadanos dependen del Ingreso Mínimo Vital para poder cubrir necesidades básicas. El deterioro del poder adquisitivo también se refleja en el mercado laboral. El salario más frecuente en España se aproxima cada vez más al salario mínimo, lo que evidencia la dificultad de amplias capas de la población para mejorar su nivel de vida a pesar de trabajar.

La propaganda oficial habla de la "magia" de los impuestos para sostener el estado del bienestar y muchos ciudadanos se preguntan con razón, si parte de esa recaudación extraordinaria no debería destinarse a aliviar momentos de especial dificultad o al menos no aprovecharse de ellos. Una de las medidas que se reclama es deflactar la tarifa del IRPF, lo que aliviaría automáticamente la carga fiscal de los contribuyentes. En esa línea se mueve la propuesta del Partido Popular, que plantea diversas medidas que afectan al Impuesto sobre la Renta, pero también bajar al 10% el IVA que grava, el gas y los derivados del petróleo y eliminar el impuesto de generación eléctrica. Es cierto que el Gobierno no cuenta con Presupuestos Generales del Estado aprobados. Tan cierto como que ha recurrido a otros instrumentos legislativos para gastar o prorrogar medidas. Así que aliviar la carga fiscal en estos momentos sería económicamente razonable y de justicia.