Todos sin distinción

Con las debidas reservas y a la espera de que se desembalen los procedimientos judiciales que el caso requiera, la sospecha de acoso sexual que pende sobre Juan Carlos Monedero demuestra aquello de lo que casi todos estamos convencidos. Y es que esta lacra no tiene en cuenta posicionamientos políticos o ideológicos, ni distingue entre ricos y pobres, nacionalidades, razas o estaciones. Se manifiesta en todo ámbito y condición, causa el mismo devastador efecto, promueve idéntica repulsa y propone la necesidad de seguir avanzando por el camino de la ley para paliar el efecto de un proceder tan vergonzoso.

Sin embargo, el ámbito donde se producen estos hechos recientemente relatados es aún más deplorable porque aflora en reductos dominados por formaciones políticas y estos últimos procesos –primero Errejón y ahora Monedero- se manifiesta en partidos de la izquierda que al menos de palabra, se han mostrado rotundamente beligerantes en sus posicionamientos en defensa de la dignidad de la mujer y en contra de situaciones de hostigamiento. Cuando los casos de acoso se detectan en estos escenarios en los que los personajes señalados detentan cargos públicos y muestran una gran relevancia, se añade el plus de abuso de poder y dominio que hacen más execrable la actitud y la hacen aún más grave. Si quienes se ven involucrados en estos sucesos pertenecen a colectivos que han hecho de la causa del acoso sexual su bandera, el asunto se oscurece aún más. Y mucho más se oscurece si se comprueba que el partido al que pertenecen se desempeña de un modo con los demás y de otro para lidiar con los problemas que tales actitudes generan en su propia casa como parece el caso. En ambos supuestos, la primera impresión es que las formaciones a las que los personajes pertenecían se callaron, no actuaron, procuraron disimular las consecuencias o intentaron desactivarlas cerrando puertas, intentando comprar voluntades e incluso amenazando. Suena duro pero así al menos parece.

La presunción de inocencia sobre al proceder de Monedero debe primar sin duda, y más vale esperar el dictado judicial. Pero las sospechan crecen y persiguen a una clase política que debe ejemplarizar en sus comportamientos y ser escrupulosamente coherente con aquello que defiende.