El CO2 como coartada para encarecer la luz

Hay ideas que, en teoría, suenan impecables y, en la práctica, acaban convertidas en una maquinaria de generar pobreza. La de las externalidades en la economía es una de ellas. Los economistas clásicos la formularon para explicar algo bastante sencillo. A veces, quien produce o consume algo no asume todos los costes que genera. Si una fábrica contamina un río, está imponiendo un coste en el resto de la sociedad. Si al dueño de la fábrica se le permite contaminar impunemente, no está asumiendo los costes reales de su producción, puesto que no está “internalizando” el total de los mismos.

Un economista inglés, Alfred Marshall, fue el primero en apuntar esta idea. Pero fue su discípulo, Arthur Pigou, el que fue más allá y propuso una solución que, sobre el papel, parece razonable. Si una actividad genera un perjuicio que no está incorporado al precio, el Estado puede establecer un impuesto para que ese coste quede internalizado. Dicho de otro modo, se trata de obligar a que el precio refleje el daño causado. Pero esto tiene un propósito, no se trata simplemente de establecer un impuesto. Se trata de incentivar que el causante de la externalidad la corrija, encareciendo su producto para que busque alternativas menos contaminantes.

Hasta ahí, la teoría tiene incluso cierto encanto. El problema llega cuando los gobiernos, como siempre, cogen una idea matizada y la convierten en un dogma tosco. Porque un impuesto pigouviano solo tiene sentido si existe una alternativa real a aquello que quieres penalizar. Si no la hay, no corriges nada. No cambias conductas. No aceleras ninguna transición. Simplemente encareces un bien que sigue siendo imprescindible.

Ese es el detalle que el sacerdocio de la política climática suele omitir de manera interesada. Si usted grava una tecnología que puede ser sustituida por otra equivalente, el sistema puede empujar hacia el cambio. Un ejemplo de esto son los vehículos eléctricos. Si el estado subvenciona dichos vehículos o grava con elevados impuestos los carburantes, podrá forzar una transición hacia el coche eléctrico. Imagínense que el litro de gasolina costara 5 euros debido a los impuestos… Pero es importante comprender que esto podría funcionar (empobreciendo a todo el país) porque existe una alternativa al coche de combustión.

Sin embargo, cuando no hay sustituto disponible, el impuesto deja de ser un incentivo y se convierte en un castigo. No orienta al mercado, lo estrangula. No modifica la estructura productiva, la encarece. No crea una transición, crea pobreza.

Eso es exactamente lo que ocurre cuando pones un impuesto a las emisiones de CO2. Bruselas lo presenta como una herramienta sofisticada para descarbonizar el sector energético, incentivando una transición hacia energías bajas en carbono. Su inspiración es profundamente pigouviana. Se encarece la emisión de CO2 para que las tecnologías intensivas en carbono pierdan competitividad y sean desplazadas por otras más limpias. La lógica sería impecable si el sistema eléctrico europeo viviera en el mundo de las presentaciones de las consultoras y la moqueta ministerial. Pero vive en el mundo real, que es un sitio bastante menos obediente.

Y en el mundo real no existe, de momento, una alternativa capaz de sustituir por completo al gas en la generación eléctrica. No la hay. Se podrá adornar la frase, envolverla en propaganda verde o esconderla bajo tres capas de eslóganes ministeriales, pero la realidad sigue ahí. Las renovables no son gestionables a voluntad. El almacenamiento sigue sin resolver el problema a gran escala. Las interconexiones no hacen milagros. Y, cuando falta respaldo, quien sostiene el sistema es el gas.

De modo que el mercado europeo de emisiones de CO2 no está forzando una transición real. Está haciendo otra cosa mucho más pedestre. Está encareciendo la electricidad. Y, además, está añadiendo una penalización muy relevante al coste de la tecnología que es imprescindible para evitar apagones, cubrir puntas de demanda y dar estabilidad al sistema. Eso no es una transición. Es un sablazo con coartada moral.

Miren los números. Una central de ciclo combinado emite del orden de 500 kilos de CO2 por cada MWh producido, y el CO2 cotiza en niveles que rondan los 70 euros por tonelada. Esto quiere decir que el recargo por las emisiones se mueve en el entorno de los 30 euros/MWh. Solo por ese concepto. Solo por ese peaje ideológico vestido de sofisticación regulatoria. Para que se hagan una idea, el precio medio anual del mercado mayorista se movió entre los 33 y los 57 euros/MWh entre 2009 y 2020. Hoy pagaríamos de emisiones de CO2 casi lo mismo que costó toda la energía en España en el año 2020.

Obviamente, esto no lo soportaría ninguna sociedad informada. Por eso es necesaria la propaganda política. Se habla de transición ecológica, de ambición climática, de liderazgo europeo y de señales de precio. Todo muy elegante, muy fotogénico. Lo que no se dice con la misma alegría es que, cuando no existe sustituto real, esa supuesta señal de precio no empuja a ninguna parte. Solo se transmite cuesta abajo hasta la factura del consumidor, hasta la cuenta de resultados de la industria y hasta la competitividad de una economía que ya va bastante cargada de lastre.

Pagar más por lo mismo no es una forma de progreso. Arruinar la competitividad industrial no es una prueba de virtud. Castigar al sistema productivo europeo mientras otras regiones del mundo emiten sin complejos no es una estrategia brillante, es un ejercicio de ingenuidad regulatoria rayana en la autolesión. La Unión Europea ha convertido las enseñanzas de Pigou en una religión burocrática que aplica el impuesto antes de que exista la alternativa. Y así no se transforma una economía. Así solo se consigue una cosa muy europea, pagar más, producir menos y sentirse moralmente superior por el camino.