La chapuza de la fabricación de españoles

Hay que explicar las cosas bien. El Supremo no niega ni anula el voto de nadie. No mientan de modo tan burdo. En España el censo electoral, en los 50 años de nuestra democracia ha sido un elemento fundamental de todos los procesos electorales, cuidado con esmero por todos los Gobiernos y por los organismos encargados de su custodia y verificación. La alteración o perturbación interesada de su estructura y contenido puede tener efectos desoladores, sobre todo si se buscan para conseguir de ese modo influir en los resultados del proceso.

La llamada “Ley de Nietos”, que es una parte de la Ley de Memoria Democrática les concede el derecho al voto, como españoles de pleno derecho, a los extranjeros cuyos padres o abuelos sufrieron el exilio por razones de tipo político o repercusiones incluso de condiciones sexuales. Pero una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública de 2022 estableció que se presumía que esa norma alcanzaba, con carácter general, sin más precisiones, a todas las personas que tuvieron que salir de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, La citada Dirección General es un órgano administrativo como cualquier otro de su rango.

En el momento de evacuar esa resolución, responsable de ese organismo era la exfiscal Sofía Puente Santiago, hermana del ministro de Transportes, y fue nombrada por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno. El Supremo ha considerado que esa generalización del voto en base a una presunción genérica y sin documentos que la avalen es arriesgado y lo ha detenido, para su estudio, hasta la sentencia definitiva, donde, al tomar la decisión que corresponda, lo deberá justificar adecuadamente. El alto tribunal no suspende ninguna resolución de las Cortes, como pregonan algunos miembros del PSOE, como el portavoz de este partido en el Congreso Patxi López. Lo que cuestiona es la inscripción en el Censo Electoral fundada en una presunción sin pruebas documentales, establecida por un organismo administrativo.

A nadie se le escapa que si esto no se hace adecuadamente los efectos sobre el censo electoral pueden alternar de manera notable los resultados, si, como ya se ha advertido, se desarrollan determinadas campaña para captar votos de personas susceptibles de ser manipuladas, sobre todo si actualmente carecen de relación con el país sobre el que su voto, desde la distancia y la manipulación pueda provocar efectos no deseables sobre la vida cotidiana y el futuro de los ciudadanos que viven aquí y pagan impuestos. En todo caso, el Supremo quiere que el proceso se desarrolle conforme a Derecho y con todas las garantías de que la aplicación de la Ley sin control y verificación sea un coladero de dimensiones preocupantes.

Los datos hablan por si solos, al censo de españoles con derecho a voto en el extranjero se sumarían, en función de las peticiones formuladas, otros dos millones y pico de personas; es decir más del conjunto de la población actual de Galicia. Sólo en Argentina votarían más de 600 mil personas. Sin duda, para la pretensión de algunos, lo que permita cambiar las previsiones de los resultados que indican las encuestas se puede variar si actúas sobre quien puede votar. Actualmente, el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Exterior) ya supera 2,7 millones. Ahora viene lo peor, al estar colapsados los consulados, ¿de quién echa manos el Gobierno de progreso para ejecutar el proceso? Pues, por un lado, a la empresa Palco, una entidad de Cuba, a la que se le pagan dos millones de euros para que gestione, una empresa de la dictadura cubana, los datos de nuestro censo electoral. Y como ya pues, no se deben parar en barras, también se cuenta con INECO, la empresa que contrató a la amante de Ábalos, sin que tuviera que trabajar, pero sí cobrar un sueldo.

Nadie sabe con qué criterio se resuelven los expedientes, con qué controles, con que orden, con qué prioridades. Opacidad total, De nuevo, el Gobierno y las voces del partido han acusado a los jueces y al Supremo, con la retahíla de costumbre. Hay que exigir al ministro Albares que explique lo que ocurre, dar a conocer los expedientes de las dos empresas que gestionan el censo, un asunto de tal delicadeza ¿Acaso el fiscal del Estado no tiene nada que objetar? Los consulados deben facilitar los datos verificados y cuál es el criterio que se aplica. En fin, lo que tendría que ser normal.