Buena administración y rendición de cuentas

El derecho fundamental a la buena Administración Pública y sus derechos componentes, junto a los deberes de los mismos ciudadanos, deben ser bien conocidos por las personas. Es más, en la medida en que sean bien conscientes de esta realidad, de su posición central en el sistema político y administrativo, entonces es posible que estemos en el momento de la verdadera reforma administrativa pues sin participación ciudadana, no es más que un precipitado de diversas dimensiones tecnocráticas por muy plurales y multidimensionales que sean.

En este sentido, la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la Administración pública de 2013 señala en el preámbulo que en la medida que la ciudadanía ponga en valor su condición central en el sistema público, más fácil será que pueda exigir un funcionamiento de calidad de las Administraciones públicas. Si el ciudadano reclama ordinariamente, y de forma extraordinaria cuando sea menester, los derechos que se derivan del fundamental a una buena Administración Pública, el hábito de la rendición de cuentas y de la motivación de todas las decisiones de los poderes del Estado será una realidad.

En efecto, la rendición de cuentas como exigencia ciudadana es ciertamente distinta que la rendición de cuentas como expresión del quehacer de los entes públicos. Es más, una Administración que asume con habitualidad la motivación de sus decisiones, que es reacia a la oscuridad y que busca siempre y en todo atender objetivamente las necesidades colectivas de los habitantes, es una Administración profundamente democrática que se legitima en función de la calidad de la justificación de su actuación.

En definitiva, como señala acertadamente la Carta Iberoamericana, el estatuto del ciudadano en relación con la Administración Pública está compuesto por el derecho fundamental a la buena administración y sus derechos componentes, así como por los deberes que definen también la posición jurídica del ciudadano. Derechos y deberes son expresiones de la naturaleza dinámica y activa que hoy el Estado Social y Democrático de Derecho demanda de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

La clave está en que las personas entiendan que son los verdaderos soberanos y que los políticos y funcionarios, gestores y administradores de intereses del común que deben rendir cuentas ante quienes somos los auténticos dueños y señores de la cosa pública: los ciudadanos. Algo que, en este tiempo, dado el grado y la intensidad de la manipulación y el control social al que estamos sometidos por las tecnostructuras del poder es muy difícil. Casi imposible.