José Teo Andrés
Un pacto, pese a todo
El ritmo sería de 15.000 al año como prioridad de su mandato. Basta revisar vídeos, hemerotecas y los propios programas del PSOE para confirmarlo; pero hay más: en 2023, en la campaña electoral, el doctor Pedro Sánchez anunció que durante su mandato se iban a acabar los desahucios. Esto es que, a priori, parece que el presidente del Gobierno que tiene un ministerio dedicado a la vivienda tiene algo que ver en una realidad que produce escenas tan desoladoras humanamente como el lanzamiento de una señora de 87 años. Pero las historias se deben narrar completas. Otra vez, luego de aquello de que “que si necesitan ayuda, que la pidan” 0 “pregúntale a Vivas”, Sánchez tiene otro momento inadecuado al culpar de este desahucio a la presidenta y al alcalde de Madrid, como si su propio Gobierno fuera ajeno al asunto. Aparte de que, en comunidades gobernadas por la organización territorial del PSOE en aquel espacio, es un territorio donde mas expulsiones de la vivienda se producen. Léase Cataluña.
En 2023, Sánchez se comprometió a construir 184.000 viviendas (a su mar a las otras prometidas que nunca se llevaron a cabo desde que ocupa la Moncloa”, porque era “un pilar del Estado de bienestar”. Aquel plan de viviendas fue creciendo de modo exponencial, al sumarle, entre nuevas y reconstruidas otras 43.000 y la reutilización de terrenos dejados de usar por el Ministerio de Defensa para otros 20.000 pisos, complementado con la apertura de líneas de crédito de 4.000 millones, a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). El compromiso en ese terreno se repitió en cada ocasión propicia, como cuando en 2024, en el mismo Ministerio de la Vivienda anuncio otras 43.000 viviendas, destinadas al alquiler social a precio asequible, a 50 años. Se llamó Plan de Facilidad para la Promoción de Vivienda Social con el que se movilizarán 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores públicos y privados.
¿Y en qué paró todo esto? Los propios datos del Ministerio de la Vivienda no son convincentes. Sin detallar cómo están unas y otras, en fase de construcción o listas para ser entregadas o entregadas, se anotan algo menos de 121.000 en esa fase. La lectura de la documentación que ha hecho pública el Gobierno y las ocasiones en que Sánchez aborda el asunto producen un empacho de cifras y planes dentro de la estrategia general de su mandato, plan tras plan solapado uno tras otro, en el que destacan la promesa de 15.000 viviendas al año, dotado con 1.300 millones en una década.
Si bien todas las administraciones, desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas, tienen responsabilidades de diverso grado y orden en materia de viviendas, en este caso sobre sale la propia y preeminente del Estado; es decir, del Gobierno. El Estado establece el régimen jurídico básico, las comunidades autónomas tienen capacidad constitucional de regular la disciplina de mercado y fomento. Los órganos locales tienen competencias en promoción y gestión de vivienda pública y, por delegación, pueden tener ciertas capacidades en disciplina de mercado. La ley de vivienda, de mayo de 2023, reconoce en su preámbulo el deber del Estado de garantizar el derecho a la vivienda. El Gobierno central tiene competencias, en la definición de los elementos básicos de las relaciones contractuales del ámbito privado (artículos 149,1,1 y 149,1,8 CE). Es decir, las normas sobre cómo deben funcionar los contratos de compraventa y de alquiler, las establece el Estado.
Desde esta perspectiva, no cabe duda de que los asesores que construyen los discursos de Pedro Sánchez han aprovechado la ocasión para lanzar un ataque combinado o “híbrido”, como se dice ahora contra otras administraciones que no son las de su partido, aunque las de su partido se enfrentan a los mismos problemas que las de Madrid. Y ahí va un dato: En Cataluña, se produjeron 921 desahucios entre enero y marzo de 2026, lo que representa aproximadamente el 23% de todos los desahucios practicados en España durante ese período. En Madrid, se produjeron 582 desahucios en el primer trimestre de 2026, lo que representa una disminución del 17,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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