El fiscal se opone a que Ábalos y Koldo sean juzgados en la AN

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, pidió ayer en el Tribunal Supremo (TS) que se someta al acusado a la prueba del polígrafo de cara a la vista oral, así como apartar a los magistrados que juzgarán al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, una petición que fue rechazada por el propio tribunal por “extemporánea”. En su intervención en la vista preliminar al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, la letrada también solicitó que se acuerde un careo entre Koldo y el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

La representación de Koldo pidió apartar del tribunal a los magistrados Andrés Martínez Arrieta -que preside el tribunal-, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar. En el caso de Melgar, en concreto, la abogada explicó que por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del Partido Popular. “Entiende esta parte que tiene una manifiesta afinidad con una de las partes del proceso, el PP, que ejerce la portavocía de la acusación popular”, señaló.

Del resto de magistrados, la letrada indicó que resolvieron sobre cuestiones relativas a la causa al formar parte de la Sala de Admisión. Cabe recordar que los miembros del tribunal que se encargarán de la vista oral serán el presidente de la Sala de lo Penal, Martínez Arrieta, y los magistrados Sánchez Melgar, Marchena, Palomo, De Porres, Susana Polo y Javier Hernández.

Rechazo del tribunal

El presidente del tribunal rechazó su pretensión señalando que la ley señala un plazo formal de 10 días para formular la recusación. “Como usted sabe, el 14 de enero de 2026 se comunicó la composición de la Sala. La recusación que ha formulado ha sido de forma extemporánea”, explicó. A la petición de la letrada de Koldo se sumó la defensa de Ábalos, mientras que el resto de partes -la Fiscalía, las acusaciones populares lideradas por el PP y Aldama- se opusieron. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, incidió en que es extemporánea porque la composición de la sala se conoce “desde hace tiempo” y no concurre, dijo, ninguna causa de recusación.

Anticorrupción también apostó por ofrecer acciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec “en la medida en que puedan considerarse perjudicadas” por la contratación supuestamente irregular de mujeres vinculadas a Ábalos, recordando que solicita que se indemnice a ambas.

La representación de García también se centró en pedir que la causa se envíe a la Audiencia Nacional (AN), donde está “siendo investigado por los mismos delitos y el mismo periodo”. “O se le juzga allí o se le juzga aquí”, insistió, criticando que se haya vulnerado, a su juicio, el “principio al juez predeterminado por la ley”.

Desde su punto de vista, se trata de una “cuestión de tal importancia” que debería ser resuelta con carácter previo, lo que llevaría -de enviarse la causa a la AN- a que “el juicio ya no sería inmediato”. “El riesgo de fuga desaparecería y solicito la inmediata puesta en libertad (de Koldo)”, apostilló. En el mismo sentido, la letrada pidió que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que se están vulnerando derechos al privar a Koldo, si le juzga el Supremo, de la doble instancia y no poder recurrir si es condenado, ya que la sentencia sería firme.

Piden jurado popular

“Se genera una situación de desigualdad procesal”, sostuvo, para explicar que ella también ejerce como abogada de la expareja y del hermano de Koldo, investigados en la Audiencia Nacional y que sí tendrían posibilidad de recurrir a una instancia superior. Dicho eso, avisó de que podría acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Criticó, además, que no se haya efectuado la devolución de sus dispositivos. “Es una causa de nulidad como un castillo de grande”, afirmó. Y señaló que el juicio tendría que celebrarse con jurado popular ante los delitos que se atribuyen, una petición que ya hizo Ábalos y que el tribunal desestimó.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, una petición menor por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.