El cupo catalán, una bomba contra los pilares del estado autonómico

El sistema de financiación autonómica es algo complejo. Pero prescindir de un contribuyente neto a ese sistema de financiación –léase Cataluña– es otra cosa. Y evaluar el coste de esa medida para las comunidades autónomas receptoras de solidaridad, como Galicia, no es precisamente algo complejo: para entenderlo basta simplemente con saber restar.

Si entra menos dinero en la caja común, es evidente que habrá menos fondos para poder repartir. Y no solo un año, sino todos los ejercicios que dure ese nuevo sistema de financiación, que por otro lado sería difícilmente reversible. Basta ver lo que sucede con Euskadi y Navarra, que no forman parte del sistema común de financiación económica: su solidaridad es marginal.

De lo que estamos hablando, en realidad, es de que la Administración del Estado estaría renunciando –de facto– al control del 20 % del PIB, que es el porcentaje que aporta Cataluña a España. Eso mismo ya sucede por la vía de los hechos con Euskadi y con Navarra, debido a sus derechos históricos, pero con esas dos comunidades la situación es tolerable porque su peso relativo en la economía española es escaso, muy inferior desde luego al que supone Cataluña, que es determinante en la medida que lleva años siendo el motor económico de España, como lo es Alemania de Europa.

La fórmula del cupo para Cataluña solo sería interesante para otras dos comunidades en España, que son las Islas Baleares y Madrid, es decir, los otros dos aportantes netos a la solidaridad interterritorial. Para todos los demás es matemáticamente imposible que dejar fuera de Cataluña pueda suponerles una ventaja. El Gobierno podrá ofrecer todas las compensaciones que quiera, pero siempre a costa de sus propios ingresos, sin contar con Cataluña, que en el mejor de los casos haría una aportación a la solidaridad; como quien le da una ayuda a Cáritas.

De lo que estamos hablando, en definitiva, es de si va a ser posible o no mantener el Estado de bienestar, tal y como lo hemos conocido en Galicia en los últimos 42 años, porque bajo el manto de la financiación autonómica se esconden cosas tan elementales como la sanidad y la educación. Siguiendo la pauta de cómo quiere el ministro Carlos Cuerpo que se entienda la economía –la macro debe hacerse visible a través de la micro–, ésa es la mejor manera de explicarlo, ya que aquí están en juego las cosas de comer.

Miles de millones de euros en juego

El acuerdo económico alcanzado entre el PSC y ERC para Cataluña sigue generando un intenso debate por las consecuencias de aplicar un modelo que, si bien se presenta bajo otro nombre, en esencia es un concierto económico. Este sistema, similar al que rige en el País Vasco, permite a la comunidad gestionar de forma autónoma su propia recaudación fiscal y tomar decisiones sobre la creación y eliminación de impuestos, lo que lleva a una situación asimétrica que puede resultar perjudicial para el conjunto del Estado.

Es evidente que este pacto se inclina a favor de una minoría a costa de la mayoría, abriendo la puerta a un modelo confederal y asimétrico en el que los derechos y los recursos dependerán de la comunidad autónoma en la que se viva. Tal como ha señalado el exministro socialista Josep Borrell, este acuerdo “es un concierto”, y quienes defienden esta medida están jugando con el futuro de los servicios públicos de España.

La principal preocupación radica en el impacto económico y social que este modelo tendría sobre el conjunto del país. Según ha destacado Juan Bravo, del PP, este acuerdo con Cataluña rompe los principios de solidaridad interterritorial que han sido fundamentales en el sistema español. Al otorgar a una comunidad autónoma mayores competencias y beneficios, inevitablemente se reduce la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos en todo el país.

El coste de este acuerdo no es trivial. A las consecuencias del concierto se suma la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana. Por tanto, la transferencia de competencias fiscales situaría a Cataluña en una posición privilegiada que, al replicar el modelo vasco, crearía una España a dos velocidades. Las demás comunidades se verían obligadas a asumir una carga mayor o a ver reducidos los recursos destinados a servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.

Los efectos a largo plazo serían preocupantes. En ámbitos académicos se estima que este tipo de concesiones a una sola comunidad podría llevar a la pérdida de recursos tan críticos como la financiación para 150.000 médicos o 260.000 maestros, además del cierre de hasta 25 hospitales al año. Esto supondría un deterioro significativo del sistema público de bienestar, afectando de manera desproporcionada a las autonomías que dependen del apoyo del Estado central para sostener sus servicios básicos.

Extender el modelo no es viable

Hay quienes, como el BNG, proponen extender este modelo a todas las comunidades autónomas, pero tal propuesta es inviable. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que adoptar un sistema similar al concierto vasco le costaría al Estado entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales anuales. La única forma de cubrir este desajuste sería recortando el gasto en áreas tan fundamentales como las pensiones o la defensa, o aumentando considerablemente la presión fiscal sobre la ciudadanía que continúa contribuyendo a las arcas del Estado. En resumidas cuentas, un disparate económico.

Más allá del debate fiscal, lo que está en juego es el futuro de la cohesión territorial de España. Un sistema que otorga privilegios a unas pocas comunidades a costa de las demás sienta las bases para un Estado confederal, donde la unidad de España se fragmenta en intereses parciales. Este tipo de acuerdos debilitan la solidaridad que debe existir entre las diferentes comunidades y ciudadanos, y abren la puerta a una España cada vez más insolidaria.

La implementación de un modelo de concierto para Cataluña no solo es económicamente inviable para el resto de las comunidades, sino que atenta contra el principio de equidad que debería regir en cualquier Estado moderno. En este contexto, el Gobierno español se enfrenta a una decisión trascendental: o bien opta por mantener la unidad y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, o continúa avanzando hacia un modelo que inevitablemente profundizará las diferencias y creará una España fracturada.

Ojo con las cortinas de humo y las migajas

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta suavizar la situación prometiendo más dinero para todas las comunidades, pero lo que está en juego es mucho más profundo que una simple cuestión de recursos adicionales. El problema de fondo no es una disputa entre la izquierda y la derecha, ni un mero ajuste técnico. Romper la caja única, el sistema que garantiza la solidaridad financiera entre las comunidades autónomas, sería un golpe devastador para la cohesión territorial y la estabilidad del propio Estado.

El actual modelo de financiación autonómica se basa en el principio de solidaridad, que permite que todas las comunidades reciban fondos para garantizar unos servicios públicos mínimos, independientemente de su capacidad recaudatoria. En este contexto, el sistema del cupo vasco y el concierto navarro, que otorga a ambas comunidades la capacidad de recaudar y gestionar sus propios impuestos, ha sido visto como una excepción históricamente aceptada debido al tamaño y la particularidad de sus economías. Sin embargo, extender este modelo a otras comunidades ricas como Cataluña, Madrid o Baleares, plantearía un reto existencial.

Cataluña, con cerca del 20% del PIB español, no es comparable en términos económicos con el País Vasco o Navarra. Permitir que Cataluña gestione sus propios impuestos sin contribuir de manera proporcional al fondo común de las autonomías sería una amenaza para la sostenibilidad de todo el sistema. Las comunidades más ricas dejarían de aportar como lo hacen actualmente, desmantelando de facto el sistema de financiación solidaria que ha garantizado un equilibrio entre las autonomías mas prósperas y las más desfavorecidas, como Galicia.

La promesa de Sánchez de que ninguna comunidad perderá dinero y que todos recibirán más fondos es, en el mejor de los casos, una solución temporal. Al final, la extensión del modelo de concierto económico a comunidades como Cataluña o Madrid no haría más que aumentar las desigualdades interterritoriales. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha intentado desviar el foco acusando al PP de incoherencia y populismo fiscal. Pero estas disputas partidistas no deberían distraer del peligro real: la ruptura del sistema de financiación autonómica a favor de un modelo a la carta solo beneficiaría a las comunidades ricas.

Romper la caja única no es de izquierdas ni de derechas: de producirse, lo cual no parece fácil, sería una voladura del Estado. Si Madrid o Baleares, que también son aportantes netos, reclaman un trato similar al de Cataluña, el sistema se desmoronaría, dejando a las comunidades más pobres a la deriva.

El PP ha criticado este pacto fiscal, describiéndolo como un “concierto económico gradualmente insolidario”. Y tiene razones para anunciar que lo que está en juego no es simplemente un ajuste técnico, sino una reconfiguración del sistema de financiación que podría fragmentar el país. En buena lógica para sus intereses, la senadora de ERC Sara Bailac ha presionado para que Cataluña gestione su propio IRPF a partir de 2025, alegando una cuestión de “dignidad”. Pero este tipo de planteamientos, lejos de resolver los problemas de financiación, solo sirven para aumentar la desconfianza entre comunidades y el sentimiento de agravio.

La reforma de la financiación autonómica es necesaria –sobre todo para la Comunidad Valenciana–, pero debe hacerse con criterios de justicia y equidad, protegiendo siempre la integridad del Estado y los derechos de todos sus ciudadanos, independientemente de donde residan. Y debe hacerse entre todos, claro.